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Profesor de Geografía | e Historia

Eficiencia

Entre promesas, gastos e impuestos a conveniencia y capricho en vísperas electorales

Quien siembra vientos, recoge tempestades. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su Informe sobre las Líneas fundamentales de los Presupuestos para 2016 de las Comunidades Autónomas (CC.AA.), publicado este martes 1 de diciembre, la mayoría de ellas incumplirá los objetivos de déficit fijados por Hacienda este año y el próximo. El déficit público cerrará en el 1,5% o 1,6% del PIB en 2015, más del doble del límite oficial (0,7%), mientras que oscilará entre el 0,9% y el 0,6% en 2016, muy superior también al objetivo del 0,3%. Cataluña volverá a ser la autonomía más incumplidora, con un déficit previsto del 2,9% este año y un 1,6% el siguiente, seguida de Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana. Las regiones que menos déficit prevén en 2015 son las del noroeste: País Vasco, Castilla y León, Asturias, y Galicia, entre el 0´7 y el 0´8%. Así pues la Cataluña nacionalista es en cierto modo la Grecia de España, pues ha tenido que ser "rescatada" por el Gobierno central español con 38.000 millones de euros en los últimos 3 años, entre el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el pago a proveedores. Es un caso curioso y en parte parecido al de Grecia con Europa, pues en Grecia había muchos que despotricaban contra Alemania y la UE, y si no fuera por los 3 rescates europeos, los griegos no tendrían liquidez para pagar ni sus pensiones ni a sus funcionarios. Qué bonito es ser tan "progresista" en gasto, pagando con el dinero de los demás. No es de extrañar que la deuda de la Generalitat sea considerada "bono basura" en los mercados financieros internacionales.

Puede ser que el déficit establecido sea demasiado riguroso teniendo en cuenta que acabamos de salir de una larga e intensa crisis económica, En cualquier caso, las reglas del juego tienen que ser las mismas para todos. Refiriéndonos a Asturias, cabe cuestionar la conveniencia de mantener determinados impuestos mucho más elevados que otras comunidades españolas, por ejemplo el de sucesiones. La idea teórica de gravar a los más ricos está bien, pero en la práctica: ¿habremos de vender una habitación para poder heredar el piso de nuestros padres fallecidos? El teórico de la supresión de la herencia por injusta fue el francés conde de Saint-Simon a principios del siglo XIX, socialista romántico (llamado luego "utópico" por los marxistas), que decía fundar "una nueva religión", cada cual debía obtener según sus obras y méritos propios, no por los de sus antepasados. El resultado es que sus teorías no tuvieron eco ni eficacia en la realidad social y sus ilusiones se diluyeron. Con un gravamen superior a las demás regiones puede que no consigamos ingresar más, sino de manera contraproducente que los afectados inviertan en tales regiones con menos impuestos, y sean por tanto estas otras quienes realmente recauden más dinero. Ahí radica la dificultad de encontrar el punto de equilibrio, entre la adecuación o exageración de gravar en proporción a la renta disponible, y la necesidad de financiar los gastos sociales prioritarios, no electoralistas.

Llega la campaña electoral para las elecciones generales del 20 de diciembre. Los principales candidatos plantean y prometen determinados gastos sociales. Pero la cuestión es cómo se pagan, pues de otro modo entraríamos en una subasta, quién más gaste es el más "guay", y ya sabemos cómo les ha ido a los griegos con tales políticas. Así Pablo Iglesias, de Podemos, dice aplicarán una política fiscal expansiva que invierta 25.000 millones de euros al año durante la próxima legislatura, para un Plan de Bienestar social y Modernización económica, que incluirá una Renta Mínima Garantizada por valor de otros 15.000 millones de euros. Música muy bonita, ¿pero cuadra la letra? Lo que no está claro es de donde saldrán esos 115.000 millones de euros, que divididos entre cuatro presupuestos representan más de un 2´5% del PIB nacional anual y más de un 12% del gasto público anual disponible por el gobierno central. El "puedo prometer y prometo" del ex presidente del gobierno centrista Adolfo Suárez se refería a cuestiones políticas, como la Constitución, la reconciliación o las libertades, en economía es más difícil atinar el futuro. Los socialistas de Felipe González prometieron 800.000 puestos de trabajo, y en cuatro años de 1982 a 1986 España pasó de 2 a 3 millones de parados, por cierto con una política económica parecida a los de Suárez, después de haber prometido "el cambio". El verdadero cambio positivo, antes que en gastar más, debe consistir en gastar mejor. Obras son amores.

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