El PSOE de Pedro Sánchez ha presentado su "Programa para un gobierno progresista y reformista" este 8 de febrero con propuestas en 53 páginas, en torno al que negociar la investidura con Ciudadanos y Podemos, sin abordar la cuestión catalana, dividido en siete grandes apartados. El primer apartado tiene un titular atractivo: Consolidar una recuperación económica justa y medioambientalmente sostenible, fundamentada en la productividad, la estabilidad presupuestaria y un sistema fiscal progresivo y suficiente. Al margen de lo que consideremos una "recuperación económica justa". Llaman la atención el titular del segundo y tercer apartado, respectivamente: Crear el empleo suficiente para, en cuatro años, reducir a la mitad la tasa de paro con puestos de trabajo estables y de calidad; y Alcanzar un Pacto Social y Político por la Educación, la Ciencia y la Cultura como uno de los ejes fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades. Se trataría de reducir el desempleo del 20 al 10%, para lo cual el PIB tendría que crecer al 4% anual. Sin embargo cuando ha gobernado en España más de cuatro años la izquierda la ha dejado con un 25% de desempleados, así los de Felipe González en 1996 tras gobernar desde 1982, y además los de Zapatero en 2012 tras gobernar desde 2004, dejando España con un fuerte déficit público, las Cajas de Ahorro que tuvieron que ser rescatadas por la Unión Europea, y los 6 millones de parados. Por otra parte en Andalucía, donde llevan casi cuarenta años gobernando las izquierdas de PSOE + IU, la tasa de paro está en torno al 30%: ¿Cómo no han aplicado allí sus medidas en todos estos años para tratar de contribuir a reducir el desempleo a la mitad?
Además de planes activos, evaluaciones estratégicas y agencias estatales, proponen "Formación para el Futuro: programa de formación + acreditación para 700.000 jóvenes que han abandonado el sistema educativo sin la titulación de ESO y que no trabajan. Se trata de que estos jóvenes tengan la posibilidad de acreditarse en competencias clave de nivel 2 imprescindibles para optar a la especialización formativa en un plazo de 6 meses". Lo que no explican es como van a conseguir que estudien y aprendan en la especialización formativa alumnos que los doce años anteriores no han querido o no han podido titularse. Y "Empleos de transición: son proyectos concretos propuestos por las propias personas paradas, por las administraciones locales o por entidades sin ánimo de lucro cuyo coste salarial se asume durante seis meses". Dicen que para financiar ambos se añadirían recursos de los Presupuestos (PGE), pero no se cuantifica su coste. Dato importante pues la UE nos ha instado a recortar 8.000 millones de gasto público al haberse desviado el déficit público unas 8 décimas en 2015. Resulta un tanto impreciso ese concepto de empleo de transición, ya sea a iniciativa propia, ¿no debería tener vocación de continuidad tal empleo si es productivo? Cuanto si se trata de ONG humanitarias, pues de otra manera, ¿quién va a contratar empleados para no obtener beneficios?
Respecto al pacto educativo es un tema recurrente en los principales partidos políticos a cada campaña electoral, sin embargo otro gallo canta cuando alcanzan el gobierno pues llevamos 35 años con soplas de siglas de leyes educativas partidistas. Ahora hablan de derogar toda la LOMCE (la ley del PP) y de establecer un "MIR" educativo como el sanitario para seleccionar a los docentes. Claro que el MIR o especialización sanitaria dura 3 años y están retribuidos, ¿pueden tener a decenas o cientos de miles más de docentes interinos cobrando 3 años? El asunto es que las "oposiciones" no se basen en la suerte, desarrollar un tema entre tres elegidos al azar, sino en comprobar los conocimientos y la pedagogía necesarios. Ahora estamos una vez más enfrascados por la terminología, que si en vez de contenidos mínimos hay que programar según estándares de aprendizaje o indicadores para evaluar, que si los llamamos galgos o podencos. Dejando el ruido y yendo a las nueces, una cuestión son los itinerarios formativos, a los que son reacios los izquierdistas pues los consideran segregadores, ¿por qué va a ser discriminatorio que el alumnado pueda elegir optativas según sus intereses y aptitudes? Y otra las reválidas, tan queridas por los derechistas, ¿pero qué necesidad hay de revalidar lo que ya está validado? El peligro es enfocar el curso a aprobar un tipo de examen en vez de aprender lo significativo. Necesitamos un Estatuto Docente Nacional, que premie desde la igualdad de oportunidades de manera transparente y objetiva la dedicación y actualización. El mérito no se pregona, se practica.
