Cuando no haya ni térmicas que produzcan electricidad ni siderúrgicas que hagan acero, no habrá barcos que trasieguen carbón en el Musel y no habrá ni contaminación ni nubes de polvo. Naturalmente no habrá tampoco puerto ni Gijón que valga. Entonces las radios llamarán al gran gurú medioambiental, que es un tal Fructuoso Pontigo que, al parecer, sabe de todas estas cosas y habla en nombre de una plataforma que cuida de todos nosotros y agita a quien se le ponga por delante. Bueno, y junto a este personaje nuestra querida cirujana caritativa, una primera autoridad que se desmelena y habla por hablar, como quien despotrica y se desahoga en la barra de un bar, sin aportar ni una solución y dedicándose tan sólo a echar balones fuera, es decir, en lugar de manifestarse como una autoridad responsable, se produce como una agitadora barata y dinamitera sobre su barril; más extraño aún lo de Moriyón cuando entre sus cargos figura el de vicepresidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón. Cuestión rara ésta en la que nos jugamos el futuro y los papeles de unos y otros se entremezclan, pero nadie parece mirar por el interés general.
Cuando se habla de las relaciones puerto/ciudad se está hablando precisamente del delicado equilibrio entre la necesidad de conciliar las actividades portuarias, y sus consecuencias derivadas, con la vida ciudadana, incluida la calidad ambiental. Suele suceder que primero están las actividades portuarias y después se ven rodeadas por la ciudad, debido a su crecimiento de su trama urbana. Responsables portuarios hay que esgrimen este argumento en un vano intento de mantener las cosas tal como están, pero sabemos que esa no es la solución.
Los gestores portuarios han de responder, en la medida de su posibilidades y con la mayor diligencia posible, a solucionar los problemas medioambientales que causen las actividades del movimiento de mercancías, pero siendo todos conscientes que los problemas suelen exigir para ser solventados recursos económicos y, en numerosas ocasiones, muy cuantiosos. Por eso, las soluciones no aparecen de un día para otro y exigen de tiempo para su puesta en marcha. La transparencia en la explicación a la sociedad de estos problemas sin escurrir el bulto o sumirse en un silencio altanero es también exigible a los responsables portuarios.
A los responsables de las instituciones de gobierno, bien sean municipales o regionales, compete hacerse cargo de esos problemas desde la comprensión de las molestias que, ocasionalmente, provoquen las actividades portuarias. Para ello, necesitan estar debidamente informadas. Por eso, por ejemplo, en los consejos de administración de las autoridades portuarias se prevé, entre otros, la presencia de representantes municipales.
En nuestro puerto, la alcaldesa de Gijón es la vicepresidenta de su consejo de administración, de ahí que sea más incomprensible su discurso populista y escasamente atento a la realidad de las cosas, hasta el grado que puede ser calificado sin ambages de irresponsable. Esta actitud resalta aún más si cabe al compararla con la mantenida por la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, o el presidente portuario, Laureano Lourido que, sin negar los problemas, exponen allí donde es conveniente y apuntan las posibles soluciones a las dificultades medioambientales existentes, pero con las necesarias dosis de realismo y de sosiego.
Moriyón, en lugar de apaciguar a los más exaltados y avanzar en una fluida relación puerto/ciudad se dedica a incendiar los ánimos y es la primera en avanzar tea en mano. Con este tipo de actitudes, en lugar de solventar los inconvenientes, se retrocede en la búsqueda y hallazgo de soluciones y, por ello, en la mejora del bienestar público. El puerto, y las actividades industriales que justifican su existencia, son cruciales para la ciudad y no es de recibo que su primera autoridad no se debe comportar como un "hooligan" del más radical ultra ecologismo.
