Una de las principales responsabilidades del legislador es garantizar a los ciudadanos la seguridad jurídica, aprobando normas cuya aplicación no quede al arbitrio de las instituciones que deben aplicarlas o, en última instancia, a la interpretación de los tribunales de justicia.
El Plan General de Ordenación aprobado el martes de manera inicial no es precisamente un ejemplo de seguridad jurídica. Buena prueba de ello es lo sucedido con la ordenación aprobada para los espacios que actualmente ocupan "Juliana- Armón" y "El Tallerón" en la fachada marítima del Natahoyo.
Las fichas urbanísticas de estos espacios productivos prevén la transformación del espacio industrial para destinarlo a otros usos, que en el caso del Tallerón ya se especifican como terciarios y en el de Juliana-Armón como terciario, comercial y dotacional, sin excluir el residencial aunque su concreción se deja a un Plan Especial.
Durante el debate plenario los grupos que con su voto apoyaron el nuevo PGO acordaron la supresión de uno de los puntos contenidos en la propuesta del gobierno municipal. Pero tal supresión no cambia en nada las cosas. Es cierto que se adoptan ciertas prevenciones: se declara que la actividad no se encontrará fuera de ordenación hasta la aprobación del Plan Especial y se prevé una modificación simultánea del planeamiento para el desarrollo de estos ámbitos. ¿Son suficientes para evitar el desmantelamiento de estas dos industrias? En nuestra opinión de ningún modo.
No sólo por el mensaje de provisionalidad que se traslada a los titulares de las actividades productivas, con la expectativa de que, si abandonan la actividad, el valor del suelo que ocupan se incrementará automáticamente generando, especialmente en el caso del astillero propietario de la mayor parte del suelo que ocupa, importantes plusvalías, sino también por la inseguridad jurídica generada.
Si las fichas urbanísticas, que prevalecen sobre cualquier otro documento del plan, califican el suelo como de uso no industrial e incluso sitúan en el mismo un vial, resulta más que dudosa la validez de cualquier otro condicionante. Los tribunales ya se han pronunciado en otros casos, señalando que las condiciones que pretenden el mantenimiento de puestos de trabajo decaen ante la calificación del suelo, prevaleciendo el uso previsto en el PGO. Del mismo modo, por más que se establezca un compromiso de modificación del planeamiento para desarrollar el uso previsto, si tal como sucede el plan ya prevé el uso a que se destinará el suelo este compromiso puede considerarse nulo.
Y lo que es más grave: el artículo 107 de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias establece que las instalaciones erigidas con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que resultaren disconformes con el mismo se considerarán fuera de ordenación, sin necesidad de que el planeamiento lo declare así expresamente. ¿Darán en su caso los tribunales validez a la previsión de que la actividad no se encontrará fuera de ordenación hasta la aprobación del Plan Especial que desarrolle este suelo? Cuando menos resulta dudoso.
En definitiva, demasiadas preguntas sin respuesta, demasiada inseguridad para quienes, como el Grupo Municipal Socialista, ponemos nuestra prioridad en la defensa de los puestos de trabajo y estamos convencidos de que cualquier precaución es poca para evitar la especulación con los espacios productivos de nuestra ciudad. Demasiada incertidumbre para confiar, como parece que hacen otros, en la palabra de quien, como el equipo de gobierno de Foro en nuestra ciudad, es especialista en incumplir sus promesas.
