En el acuerdo de gobierno del PSOE y Ciudadanos suena bien la gran mayoría de la letra, como suele suceder en los programas generales y propósitos de impulsar la economía, fomentar el empleo, mejorar la enseñanza, etc. Si bien se pueden advertir luces y sombras, y los problemas crecen a la hora de adaptar los programas bonitos a las realidades difíciles. En el ámbito económico el acuerdo plantea cumplir los nuevos objetivos de déficit que se negocien con las autoridades europeas, situando el déficit por debajo del 3% un año después de lo previsto, hasta lograr unas finanzas públicas saneadas al final de la legislatura. Claro que ello no depende solo de los dos firmantes, sino de la disposición de la Unión Europa a flexibilizar, como de hecho ya permitieron a Francia y Alemania. No subir los tipos del IRPF (impuesto "sobre la renta"). Un plan de choque laboral con 7.300 millones para políticas activas, de los que más de la mitad se destinan a incentivos al empleo, aunque sin especificar. Para los autónomos hablan de una cotización reducida de 45 euros, que se aplicará a todos los autónomos cuyos ingresos reales no superen el SMI. Sin embargo no aclaran si se refieren a ingresos literales o beneficios reales. Otros 7.000 millones de euros para un Ingreso Mínimo Vital y un Complemento Salarial Garantizado, en función de las cargas familiares de los beneficiarios. La ventaja de un complemento salarial sobre un subsidio es que se premia el trabajo, no la ausencia de trabajo. Todo ello dependería, para ser viable, de mantener un aceptable crecimiento económico eficiente y del empleo productivo.
En cuanto al Pacto Educativo proponen constituir una Mesa para alcanzar un Pacto Social y Político por la Educación que, en el plazo de seis meses, permita la elaboración de un marco legal consensuado. Esto llevan diciéndolo décadas los partidos tradicionales, pero hasta la fecha nunca lo han concretado. Si el PP quiere desarrollar los itinerarios y las reválidas (¿por qué volver a examinar lo ya aprobado?), y el PSOE quiere abolirlos por considerarlos segregadores (¿por qué va a ser discriminatorio poder elegir?), será complicado conciliar posturas. Mientras tanto, se paralizaría con carácter inmediato el calendario de implantación de la LOMCE (ley del PP) en todos aquellos aspectos que no han entrado en vigor: ¿se refieren a las "reválidas"? En el lado positivo, aprobar un Estatuto del Personal Docente que impulse su profesionalización, dignifique la función docente, regule sus condiciones de trabajo, establezca los criterios para su promoción e incorpore un sistema de acceso a la docencia a través del MIR Educativo. En el ámbito territorial está claro que la respuesta acorde con la Constitución democrática vigente debe ser la mejora del Estado de las autonomías, no su fractura, dentro de la soberanía nacional del conjunto del pueblo español. No en inventarse un ministerio de naciones dentro de la nación, cuyos objetivos y presupuestos se desconocen. Por más autonomía (¿o impunidad?) que se dé a los secesionistas, nunca se van a conformar con menos que la independencia total, por otra parte una quimera en la Europa y el mundo actual.
Con todos sus aspectos positivos -los más- y negativos, los principales escollos son de metodología. Para las reformas constitucionales hacen falta dos tercios de los diputados, es decir tendría que sumarse también el PP para que no queden en papel mojado, por ejemplo la supresión de las diputaciones provinciales y/o el Senado. Para sacar adelante el acuerdo de gobierno en la segunda votación de la investidura, donde ya no hace falta mayoría absoluta (176 sobre 350) sino mayoría simple, puesto que el PSOE más Ciudadanos suman 130 diputados, además de abstenerse el PP (123) o Podemos (65) que sumarían 188 "No", se precisaría si el PP vota "No" también el "Sí" del PNV, Compromís e IU, contando con el "No" de Bildu y los independentistas catalanes (19 diputados), en total 142 "No". En cualquier caso la inestabilidad política resultaría grande y el gobierno ineficazmente corto. De mantenerse los vetos actuales, lo más probable es tener que volver a votar hacia finales de junio, pero esperemos que para obtener un resultado electoral matizado, pues con un resultado similar estaríamos en condiciones parecidas de un gobierno con insuficiente respaldo parlamentario. Curioso es que Rajoy e Iglesias, los cuales parecían ganadores del 20-D, a día de hoy son quienes menos opciones de gobernar presentan. El martes 1 de marzo empezaremos a comprobar si estamos ante la posibilidad de tener un gobierno reformista, mejor o peor, o el primer acto de precampaña de la próxima contienda electoral; teatro y postureo.
