Con fecha 5-4-2016, LA NUEVA ESPAÑA informó sobre la increíble reyerta acontecida recientemente en la calle General Elorza de Oviedo, a plena luz del día y protagonizada por 40 integrantes de dos clanes de familias rumanas que finalizó con más de 10 heridos (2 de ellos en estado crítico) y 8 detenidos; a propósito del supuesto rapto de una menor de 14 años por individuos del clan rival y con pretensión de cobrar su rescate.
Este censurable incidente entre clanes originó una trifulca en la que, para ser controlada, se precisó de 4 coches y 3 motoristas de la Policía Municipal de Oviedo, junto 2 coches patrulla de la Policía Nacional y la asistencia médica de 2 UVIS móviles; mientras que, a su vez, se tuvo que cortar el tráfico en esa calle (con el inevitable atasco de vehículos y molestias al ciudadano transeúnte).
A mi juicio, esta noticia merece una profunda reflexión para intentar evitar que nuestras calles se conviertan en escenario de una "película del oeste", aunque esté protagonizada por individuos de la lejana Dacia. Como simple ciudadano, considero que este tipo de incidentes deberían ser enérgicamente rechazados y públicamente censurados:
En primer lugar, independientemente del presunto delito que se estaba cometiendo (el rapto de la menor), me preocupa quien y como lo han protagonizado: se trataba de dos clanes de familias rumanas (presuntamente de etnia gitana, según la foto del artículo) que utilizaron la vía pública para solventar sus disputas internas sin el mínimo respeto
o acato a las leyes de nuestro país; a pesar de que España y, particularmente, Asturias siempre ha sido muy tolerante con dicho colectivo, beneficiarlo de nuestro sistema de educación y salud pública sin cotizar a tal efecto. En correspondencia, parece obvio que estos individuos actuaron "por libre" al anteponer sus costumbres, normas o leyes étnicas sobre su condición de ciudadanos rumanos residentes en España.
En segundo lugar, si bien este colectivo goza de libre circulación por todo el territorio Schengen , no es menos cierto que esta diáspora de rumanos instalada en nuestro país (y, concretamente, en Asturias) ha llegado por un notorio "efecto llamada" motivado por las ayudas recibidas de ciertas ONG o, incluso, por la posibilidad de acceder a un salario social (mantenido por todos los ciudadanos que cotizan); lo cual, asociado a una mendicidad (posiblemente manipulada por los líderes del clan) en las puertas de nuestras iglesias y supermercados, les permite vivir sin trabajar y mejor que en su país de origen. A cambio, con ello, se deteriora la imagen de nuestras ciudades o de la "Marca España" orientada a potenciar el turismo como pilar de nuestra economía.
En mi propia experiencia, antes de la llegada de la democracia, España vivía bajo una férrea dictadura donde no existía la libertad de expresión mediante la cual, hoy día, se puede redactar este artículo sin censura y donde un ciudadano solo era un "súbdito".
No obstante, en esa época, incidentes como el acontecido en Oviedo o la mendicidad pública eran inconcebibles con la aplicación de la extinta ley de "vagos y maleantes".
A pesar de que no me siento nostálgico de esa etapa de nuestra historia, entiendo que ciertas leyes de la actual democracia son demasiado blandas, llegando a permitir que se puedan desarrollar incidentes tan lamentables como el que nos ocupa.
Acto seguido, pregunto: ¿Cómo podemos lograr un turismo de calidad en Asturias con la oleada de mendicidad ejercida por estas personas deambulando en nuestras calles?
A mi juicio, la autoridad (municipal y autonómica) debería intervenir más activamente en este asunto para neutralizar el "efecto llamada"; tal como están intentando en otras ciudades de España, donde la mendicidad parece haber sido reducida.
Más aún, según fuentes oficiosas procedentes de una ONG que atiende habitualmente a este colectivo, dicha mendicidad suele ser fraudulenta; por cuanto, a pesar de que piden dinero para "poder comer", resulta del dominio público que la inmensa mayoría de sus necesidades alimentarias básicas están garantizadas gratuitamente por esta ONG.
Dicho lo previo, creo que también procede evitar al máximo el "efecto llamada" de este tipo de colectivos desde el ámbito estatal. Buen ejemplo de ello sería la política iniciada por David Cameron en el Reino Unido, al endurecer ciertas condiciones de su residencia o invitarles a volver a su país de origen (pagándoles el viaje para que no vuelvan).
Sin duda, una política de este tipo sería rechazada por los defensores de la globalización o de un "buenismo generalizado" (más utópico que real); al considerar como legítimo el derecho de cualquier persona a emigrar lejos de su país en busca de una vida mejor; aún cuando, con ello, se ignoren las leyes y la capacidad de acogida del país receptor.
No obstante, nadie puede poner en duda los valores democráticos existentes en el Reino Unido o pensar que vayan en contra de los derechos humanos; si bien también es cierto que el Primer Ministro británico, David Cameron siempre procura lograr en Bruselas el acuerdo más positivo para su país, política elogiable que se debería imitar en España.
Entiendo que estas reflexiones pueden ser objeto de discusión o polémica porque tratan sobre un tema delicado en el que la mayoría de políticos prefieren "pasar de puntillas", pero también es cierto que hay una mayoría silenciosa de la población que es partidaria de reaccionar ante este asunto (aunque no se atreven a manifestarlo por estar mal visto).
Por consiguiente, intolerables incidentes como los acaecidos recientemente en el centro de Oviedo justifican un cambio de actitud en temas de inmigración por parte del futuro Gobierno español para poder controlar este fenómeno; sobre todo, ante la presente crisis migratoria que pone en riesgo la supervivencia de la propia UE y en la que España se ha comprometido dar asilo a 17.000 refugiados. A cambio, esos refugiados deberían llegar a España primando su integración en nuestra sociedad sobre sus raíces religiosas o étnicas y evitar "ir por libre", tal como lo ha hecho en Oviedo este colectivo de rumanos ya que, atendiendo una política migratoria eficaz, merecerían ser devueltos a su país de origen.
En definitiva, lo ideal sería fomentar una política de inmigración planificada en función de nuestra capacidad de acogida; al igual que establecer los filtros precisos para que sea una inmigración de calidad, incluyendo el derecho de expulsión y deportación al país de origen por conductas incívicas (incluso si este país pertenece a la UE, como Rumanía).
Por desgracia, la realidad que nos avecina amenaza con ser muy distinta porque la U.E. no parece ser capaz de alcanzar semejante grado de cohesión entre sus países miembros.
