Nunca hubiera pensado que un problema como el causado por la concesión de subvenciones municipales para la rehabilitación de barrios a muchos vecinos y vecinas de Gijón pudiese ser ignorado, y hasta ocultado, por la Alcaldía de la ciudad, responsable última de dichas ayudas. El enfado de la señora Moriyón y de Fernando Couto les llevó a menospreciar a las víctimas de su gestión e incluso a descalificar a los socialistas afirmando que había que tener "poca vergüenza" por denunciar estos problemas, reclamar que se busquen soluciones y pedir que no se provoquen más daños a otros vecinos y vecinas que tienen pendiente el arreglo de sus edificios.
¿Y cuál es el problema? Pues que las ayudas que el Ayuntamiento de Gijón dio para rehabilitar las casas de Francisco Eiriz, en Jove, están provocando que haya personas que ven recortadas sus pensiones por el incremento patrimonial que supone la subvención. También hay casos de personas que se han visto privadas por la misma razón de la ayuda por tener hijos a su cargo. Incluso de la beca de comedor que da el mismo Ayuntamiento de Gijón. Son sólo algunas de las casuísticas que se están produciendo pero hay otras prestaciones sociales, como el subsidio de desempleo (también conocido como "ayuda familiar") o las pensiones no contributivas que podrían verse reducidas (incluso podrían perderse) por la misma razón.
Hemos visto que el problema existe, hemos conocido a algunas de las personas que lo padecen y el Ayuntamiento tiene que poner en marcha medidas para corregirlo y para compensar el daño causado. Y no lo decimos sólo los socialistas. Todos los grupos municipales lo han asumido aprobando una resolución que exige al gobierno de Foro que se ponga a trabajar para corregirlo. Para nosotros sería tener poca vergüenza que quienes provocaron esto con su falta de previsión quieran ocultarlo y busquen diluir las reclamaciones de los vecinos y vecinas en medio de la maraña burocrática que tanto les gusta.
Pero el asunto merece repasar algunos detalles porque hace cerca de un mes que se lo planteamos al gobierno de Foro en una comisión de Hacienda. Afirmaron desconocer lo que sucedía pero, tras ver testimonios de vecinos, los concejales casquistas quisieron ningunear el problema. Era "cosa de unos pocos", decía Fernando Couto. Afirmaba con desparpajo el concejal responsable de estas ayudas que eran "casos particulares" sin molestarse siquiera en comprobar qué decía la legislación respecto a la repercusión de las subvenciones en las personas que las recibiesen. ¿Acaso no podían revisar la normativa para conocer su contenido? Parece ser que eso no les interesaba.
El problema, sin embargo, no desaparece porque sea ignorado. A los vecinos de la calle Francisco Eiriz, en Jove, les llegan notificaciones de recortes en sus ingresos por unas subvenciones que se suponía que iban a recibir en 5 años, lo que implicaba que recibiesen entorno a 8.000 euros anualmente para pagar la obra. Pero en el barrio de Inuesa, en Tremañes, el Ayuntamiento decidió que la subvención se iba a repercutir en los vecinos en 1 ó 2 años puesto que la obra iba a ser contratada directamente por el consistorio. Tal decisión implica que las ayudas por vivienda puedan superar los 15.000 euros anuales, por encima de muchos de los límites máximos fijados para recibir ciertas prestaciones como la ayuda familiar, el complemento de mínimos que reciben las pensiones más bajas o incluso las pensiones no contributivas.
¿Y cuándo sabrán las familias que tienen un recorte en sus ingresos o que los pueden perder? Pues pueden tardar dos años o más en saberlo, como se acredita en las notificaciones recibidas por residentes en Francisco Eiriz. ¿No considera la Alcaldesa que algo así tenía que ser analizado por el Ayuntamiento antes de dar ayudas de este tipo? ¿No le parece que, cuando se conoce que tales daños se producen a familias humildes y sin recursos, el gobierno municipal debería de haberse puesto manos a la obra para buscar soluciones? Nosotros creemos que ha faltado previsión en esta gestión y que no han querido asumir su responsabilidad y ponerse inmediatamente a estudiar soluciones queriendo taparlo todo con un manto de vergonzoso silencio.
Nosotros escuchamos a los vecinos y hablamos con distintas víctimas que han sufrido estos problemas. También escuchamos a los colectivos que impulsan reformas en otros barrios como Tremañes, Portuarios, Contrueces o Monteana. Y ante la parálisis y el desinterés del equipo de Moriyón, presentamos una proposición cuyo contenido acordamos con todos estos vecinos y vecinas. En la misma solicitamos la elaboración de un informe sobre las consecuencias fiscales y en posibles prestaciones sociales de la concesión de estas ayudas a barrios. Igualmente, pedimos la adaptación de las bases que rigen estas ayudas para evitar o minimizar en lo posible el recorte en pensiones o la pérdida de ayudas sociales que sufren actualmente las y los vecinos. En la misma se fija la obligación municipal de facilitar información clara y completa a cada familia sobre las consecuencias de estas ayudas en su economía familiar. Y termina con dos aspectos que consideramos muy importantes: la concesión de ayudas para quienes han sufrido pérdidas económicas por estos programas del Ayuntamiento y la paralización del inicio de nuevas obras en barrios "degradados" en tanto se hace el informe citado y se adaptan las bases de las ayudas de acuerdo con dicho análisis.
La señora Moriyón y el señor Couto se han equivocado y lo saben. Metieron la pata en los procedimientos seguidos para la concesión de ayudas y volvieron a hacerlo menospreciando el problema de las y los vecinos. Trataron hasta el último minuto de disuadir a estos de que participasen en el Pleno y pretenden evitar que se conozca el problema y sus repercusiones. Aún no han sido capaces de ponerse en el lugar de estas familias y comprender que no hay arreglo de fachada que compense perder su única fuente de ingresos, que no hay ascensor que permita pagar la factura del súper o de la farmacia.
La realidad de Gijón ha vuelto a caerles encima como un jarro de agua fría. Lo que despreciaron como "casos particulares" se han convertido en un colectivo de afectados que exige que el Ayuntamiento les dé soluciones a un problema creado por el gobierno municipal. Deberían de estar ya manos a la obra aunque, a tenor de su trayectoria, seguramente estarán más concentrados en meterse de nuevo con quienes actuamos como mensajeros de la ciudadanía.
Los hombres y mujeres que sufren este problema reclamaron soluciones en el Pleno del pasado miércoles. Sería tener muy poca vergüenza si dichas soluciones no se ponen en marcha inmediatamente.
