Una de las razones por las que nació nuestra candidatura municipalista fue abrir las instituciones a la ciudadanía. Hemos hablado tantas veces de las paredes de cristal que parece haberse pasado de moda, hay quienes creen incluso que ha perdido fuerza ese discurso, pero no, sigue más vigente que cuando empezamos.
No olvidemos que si tenemos que hablar de transparencia es porque las instituciones y los gobiernos son opacos. Esta democracia adolece de defectos estructurales y ha permitido que los gobiernos se eleven por encima de la gente y se alejen de los sectores populares. No sólo no se rinden cuentas, sino que se oculta información deliberadamente, como demuestra el reciente caso Pokémon y otros similares.
En este sentido tenemos encima de la mesa un hito fundamental en esta legislatura: la elaboración de la ordenanza de transparencia, que no pretende otra cosa que ser una concreción municipal de la ya existente Ley de Transparencia.
Como ya nos tiene acostumbradas este gobierno, la ordenanza queda en una propuesta de mínimos. Para este viaje no hacían falta estas alforjas: para qué elaborar una ordenanza si a lo máximo que aspiramos es a reproducir lo ya contenido en la ley estatal.
Ya existe un vicio inicial. Partimos de la elaboración de una ordenanza que está inevitablemente vinculada al buen gobierno y a la participación ciudadana careciendo de ésta. Si alguien se ha enterado de que estuvo abierto el proceso de participación para las aportaciones ciudadanas a través de una web que casi nadie conoce aún, que levante la mano. Éste es el verdadero problema, la falta de claridad y de voluntad política de este gobierno en impulsar la participación. Colgar una ordenanza de 40 páginas en la web y esperar a que la ciudadanía debata sobre ella es no sólo no conocer la dinámica de los procesos participativos, sino reírse de la gente.
Queremos un proceso participativo real, que someta a debate y consideración de la ciudadanía qué información queremos que nos den nuestros políticos y políticas, qué información debe ser accesible e ineludible y para ello hay que ponerse a debatir con los vecinos y vecinas, con las organizaciones y consejos existentes, que para eso están. Pero, ¡claro!, abrir un debate público tiene implicaciones políticas que no desea este gobierno. Implica poner en la agenda política las opiniones de la ciudadanía sobre un asunto que tradicionalmente se ha dejado en manos de los gobernantes, seleccionar qué información comparten con la gente y cuándo.
La frase atribuida a Francis Bacon de que la información es poder cobra todo el sentido en este asunto, pues sin ella se hace imposible ejercer un control democrático sobre nuestros gobiernos y pedir las debidas cuentas en el momento oportuno.
Sólo dos ideas de las muchas que hemos trabajado están totalmente ausentes en la propuesta de Foro: agendas de los políticos y registro de grupos de interés. Nos parece fundamental conocer a qué se dedican nuestros políticos y políticas, con quién se reúnen y para qué. Esos encuentros en los que reciben informes, documentos o peticiones para que las políticas vayan en una u otra dirección deben hacerse con luz y taquígrafos, deben ser conocidas tanto las reuniones como los documentos que se traten, porque las explicaciones hay que darlas cada día y no después de tomadas las decisiones cuando, a veces, ya no hay marcha atrás.
De algo debemos estar seguras y seguros: la recuperación de la soberanía pasa, ante todo, porque la política sea recuperada por las mayorías populares. Es indisociable la aplicación de políticas de pérdidas de derechos sociales con la ausencia de democracia. El austericidio se hace realidad, precisamente, porque la política se hace y se decide a espaldas del pueblo por políticos profesionales en estrecha relación con los poderes económicos. Recuperar la democracia es, ante todo, recuperar los derechos.
