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Delaware: un paraíso fiscal nada convencional

A raíz de los famosos "papeles de Panamá", el problema de los paraísos fiscales está de actualidad. Se podrían definir como un territorio de reducidas dimensiones y población que vive especialmente de sus entidades financieras o bancarias, con clientes del mundo entero atraídos por su nula o mínima tributación fiscal y un hermético ocultismo (que no cuestiona ni divulga la procedencia del dinero, sea lícita o no) para conseguir defraudar la tributación en su propio país. Así, distinguimos paraísos fiscales en estados soberanos (Andorra, Suiza) o en territorios dependientes de metrópoli (Islas de Jersey y el Caribe).

A la vez, hay otro tipo de pseudoparaíso fiscal que forma parte de un estado soberano, donde, legalmente, existe una menor tributación fiscal respecto a otras zonas del país. Un ejemplo de ello es el estado de Delaware (EE UU), cuya extensión y población es algo menor que Asturias y que ha surgido en los medios informativos por su relación con una presunta compra ilícita del anterior Presidente de la Comunidad de Madrid.

Personalmente, me sorprende que se considere al estado de Delaware como un paraíso fiscal, habida cuenta de que en mi juventud residí allí durante el año 1967 por traslado familiar; viviendo en Wilmington (ciudad de 75.000 habitantes, la mayor del estado) y acudiendo en Newark a la prestigiosa Universidad de Delaware (fundada el año 1743), en la misma época que allí estudiaba el actual vicepresidente del país, Joe Biden. A la vez, destaca la capital del estado, Dover (35.000 habitantes) como sede del Capitolio (cámara legislativa), del Gobernador y de una importante base de las Fuerzas Aéreas.

En aquel tiempo, Delaware era uno de los estados menos relevantes de EE UU, salvo por su perfil histórico. En ese sentido, el estado adquirió su nombre por el río Delaware que lo bordea y desemboca en el océano Atlántico. Delaware fue inicialmente colonizada por holandeses y suecos aunque luego caería en manos británicas para, finalmente con la independencia del país, ser el primer estado en abrazar la Constitución de EE UU (redactada en la vecina Philadelphia) y, en 1897, tener su propia Constitución estatal.

Durante la recesión en la década de los años 30 del siglo pasado, Delaware empobreció notoriamente, de lo cual se recuperó durante la II Guerra Mundial con el desarrollo de la industria de guerra y, tras una época de relativa prosperidad, Delaware cayó en otra crisis económica al final de la década de los años 60 o principios de los 70. Así pues, el estado de Delaware que yo conocí era muy provinciano, con una economía basada en la agricultura, ganadería y una escasa industria centrada en el sector químico (entorno a la multinacional Dupont de Nemours de Wilmington, con filial en Asturias).

El nivel de vida era aceptable, pagándose menos impuestos que en el vecino estado de New York aunque con prestaciones públicas más precarias. Me acuerdo de que para acudir diariamente a la Universidad, debía andar unos 45 minutos hasta la estación del ferrocarril debido a las deficiencias del servicio municipal de transporte, el cual estuvo paralizado durante varios meses, a causa de una prolongada huelga.

Del igual modo, el centro comercial y de ocio en Wilmington era muy reducido y, por lo tanto, solía acudir a Philadelphia para realizar algunas compras o asistir al cine y al teatro; dado que, durante los fines de semana, Wilmington parecía una ciudad desierta.

A raíz de esta última recesión padecida por el estado de Delaware, su poder legislativo aprobó en 1981 una ley ("Financial Development Act") rebajando la tributación fiscal a empresas financieras (y, por tanto, a sus clientes), con el propósito de atraer el dinero que fomentara nuevos puestos de trabajo; lo cual sucedió mayormente en Wilmington.

En consecuencia, la demografía de la ciudad y del estado ha crecido un 26% desde el año 1990, con mejora de las prestaciones públicas sin implicar aumento de impuestos y convirtiendo a Delaware en el 9º estado más próspero del país( con solo 4´4% de paro) mediante una economía muy diversa: Un 1% de su PIB está basado en la agricultura y ganadería (con 2.000 granjas que ocupan media extensión del estado); el 20% del PIB es secundario a la industria, especialmente del sector químico (Procter and Gambley Dupont son las empresas principales) o de alimentación (General Mills); otro 11% está ligado al comercio y el resto de su PIB se vincula al sector financiero e inmobiliario.

Así pues, el Wilmington pueblerino que conocí el año 1967 se ha transformado en urbe financiera con rascacielos que albergan una infinidad de empresas y entidades bancarias procedentes de dentro y fuera de EE UU para beneficiarse de la menor tributación fiscal del estado; aunque acatando siempre la estricta normativa económica y legal impuesta por Washington, dentro de la autonomía contemplada en un país con estructura federal.

¿Acaso resulta lógico pensar que el Gobierno Federal de EE UU perjudique a España con deslealtad fiscal si ambos países firmaron en el año 1999 un convenio ("U.S. and Spain Tax Treaty") que establece la tributación única en España de cualquier ciudadano americano residente en nuestro país? Sinceramente, me resisto a creerlo cuando dichos ciudadanos también deben realizar su declaración anual al I.R.S. (Hacienda de EE UU) y cumplimentar el modelo F.B.A.R. (relativo a sus depósitos en bancos extranjeros).

Incluso más, creo que esta política de transparencia de EE UU (y, por tanto, del estado de Delaware) hacia España implica que el ánimo de eludir la Hacienda de nuestro país solo procede de los con depósitos en EE UU que recurren a sociedades "pantalla", pero sin la complicidad de un Gobierno estatal como Delaware.

Además, según normativa de nuestra Agencia Tributaria del año 2013, todo ciudadano español con bienes o depósitos en el extranjero que sean superiores a 50.000 euros debe incluirlos en su declaración anual de Hacienda mediante el "modelo 720" , sin poder alegar su desconocimiento como causa atenuante. Tras la aplicación de esta normativa, el patrimonio legalmente reconocido en el exterior (cuentas bancarias, acciones, rentas, seguros o inmuebles) por los ciudadanos españoles equivale a un 12% del PIB nacional, alcanzando la astronómica cifra de 141.000 millones de euros.

En definitiva, a mi juicio, todos los paraísos fiscales no son de la misma estirpe y no se debería confundir una "cueva de piratas" con un territorio que ha obtenido un potencial económico a base de audacia y acertado sentido financiero, dentro del marco legal de un estado federal como es Delaware en EE UU. ¿Acaso Asturias no podría reactivar su economía y desterrar su precaria situación actual mediante iniciativas similares a las de Delaware, en el marco de una España federal? Sería algo a considerar para el futuro.

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