Cada cual es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Esta máxima aristotélica deberían aplicársela algunos políticos asturianos para evitar que se complique, aún más, la irremediable situación creada por la paralización de la Depuradora del Este. Cada vez que habla la Consejera de Medio Ambiente, Belén Fernández; el aspirante a alcalde de Gijón José María Pérez o el representante de IU Aurelio Martín, se esfuman las escasas posibilidades de acuerdo con los vecinos de El Pisón y la posible generosidad de los mismos para ayudar a solventar este problema.
Ni una sola palabra de perdón, ni de reconocimiento del daño causado, ni de posibles soluciones dentro de la legalidad. Más bien, se empeñan en buscar responsabilidades solidarias en otros partidos cuando todos sabemos quiénes son los únicos culpables de esta tropelía. Además conviene recordarles que para cumplir la ley, nunca fue necesario ponerse de acuerdo con otra persona o entidad. Si el PP, Foro, Ciudadanos o Xixón Sí Puede quieren compartir responsabilidades están en su derecho pero no creo que les interese.
Cierto es, que a la opinión pública ya no se la engaña con frases descalificadoras. Los hechos superan a las palabras y los gijoneses se están dando cuenta de las mentiras y demagogia permanente a la que han estado sometidos durante más de veinte años. El "tira que libras" nos ha conducido a la hecatombe y es hora de rectificar. Aunque aún les queden palmeros que aspiran a comer del mismo plato, la mayoría de los ciudadanos saben quiénes son los verdugos y quiénes son las víctimas.
Resulta inconcebible que Asturias se haya quedado sin ley medioambiental. Han derogado el RAMINP estatal (reglamento que exige una distancia de 2 km entre una instalación molesta, insalubre, nociva o peligrosa y un núcleo de población agrupado) y no sólo no han mejorado la distancia (como exige el Tribunal Supremo) sino que la han reducido a cero metros. Es decir, con la ley medioambiental asturiana, que no existe, podrían construirle una central nuclear delante de su casa. Y la consejera de Medio Ambiente aún se atreve a escribir, o al menos a firmar un artículo reciente, defendiendo esta parte de la ecología. Vivir para ver.
La citada consejera es la misma persona que se manifestaba en contra de la sentencia del TSJ de Madrid, alegando que la depuradora del Este era legal porque la había aprobado el Congreso de los Diputados. No se había enterado esta buena señora que la citada sentencia no declaraba ilegal la depuradora, sino su emplazamiento. Tengo entendido que Belén Fernández pasó por la Facultad de Derecho pero está bien claro que la Facultad de Derecho no ha pasado por ella.
No menos provocador es su compañero de partido y aspirante a la alcaldía de Gijón, quien se atribuye a sí mismo, como mérito político, ser hijo de una limpiadora. Señor aspirante, los que tenemos un origen humilde también estamos obligados a cumplir la ley. Y usted, como político, debería ser el primero en dar ejemplo. Tampoco debería afanarse en pasarle la pelota a otros partidos, a ver si, diluyendo responsabilidades, se minimiza la culpa. Más bien, debería preocuparse de cambiar el rumbo de sus antecesores y evitar que casos como éste se sumen al de los fondos mineros, al carbón de La Camocha, al Niemeyer, al Musel, al caso Marea, a la regasificadora, a SOGEPSA, a GITPA, a Cocheras, etc., etc. Asturias es una comunidad autónoma con ciudadanos libres e iguales en derechos y no un cortijo de braceros y lacayos donde las leyes las impone el señorito. Con dirigentes como usted no es de extrañar que, de cara a las próximas elecciones, las encuestas les vaticinen un mayor batacazo electoral.
La última genialidad de los "tecnicopolíticos" ha sido suprimir el desengrasado y desarenado que se venía realizando en La Plantona desde el año 96, a pesar de conocer las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la Audiencia Nacional ilegalizando la depuradora. Sólo unos auténticos irresponsables podían tomar esta decisión ya que era más que probable que el Tribunal Supremo ratificara ambas sentencias, como así ha sido. Si de estos caprichos se derivasen responsabilidades civiles y penales, seguro que se lo pensarían dos veces.
Y, al fin, ¡oh milagro! De pronto aparece un político gijonés que habla de buscar soluciones dentro de la legalidad. Si Fernando Couto hubiese gobernado cuando se tomaron estas decisiones, declaradas injustas y arbitrarias por el Tribunal Supremo, seguro que a estas horas estaba resuelto el saneamiento de Gijón. Lamentablemente, en esta ciudad se ha convertido en noticia que un político asuma el respeto a la ley.
Cuando estoy finalizando este escrito veo que llega de Madrid el séquito de la consejera con el "enorme éxito" de haber conseguido autorización para crear una Comisión de Seguimiento. ¿Acaso pensaban que las sentencias del Supremo no afectaban al Ministerio de Medio Ambiente? Para este viaje no se necesitaban alforjas.
