El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, está intentado por todos los medios llegar a un pacto nacional por la educación después de rebajar sustancialmente la LOMCE tal como fue aprobada en el Congreso de Diputados por la mayoría del PP. Apenas iniciado el curso 2016-2017 y con un gobierno en funciones que no puede tomar ninguna medida política por las causas de todos conocidas, que se resumen en qué parte del "no" no ha entendido el señor Rajoy, cuando es el candidato más votado con diferencia entre todos los que se han presentado a las últimas elecciones, que algunos quieren repetir para llegar como sea donde no pueden llegar porque ni tienen votos ni programa político. El caso es que la educación, sector clave, está casi paralizada.
Desde las instancias educativas de los gobiernos autonómicos del PSOE -con permiso de Podemos, IU o C's- se promulgan documentos poco educativos y menos pedagógicos, sino todo lo contrario: más ideológicos y políticos; y se busca no el consenso sino el enfrentamiento partidista. El pretexto aparente son las reválidas que para el responsable de Educación del Principado son una forma de discriminación y de exclusión y no un medio para conseguir la excelencia y la calidad educativa y así poder poner remedio al fracaso y al abandono escolar, que en España son casi endémicos. Lo que subyace es simplemente la derogación de la LOMCE, la gran aspiración del PSOE desde el primer día de su aplicación, como siempre han hecho los socialistas con todas las leyes educativas que no hayan sido las suyas.
En el fondo los modelos educativos del PP y del PSOE son excluyentes, con lo que el consenso es imposible. Lo mismo que reprocha el PSOE al PP por su mayoría absoluta, se le reprochaba al PSOE cuando gozaba de la mayoría absoluta; por eso las únicas leyes educativas que han resistido han sido las del PSOE, que es el partido que ha gobernado en España con más mayorías absolutas. El consejero asturiano repite la doctrina oficial sobre las reválidas: así la paralización es el primer paso para la derogación efectiva y sustitución por una nueva regulación estable y perdurable fruto de un gran pacto social y político. Pura ironía, cuando nunca se ha logrado anteriormente.
Para el PSOE, la LOMCE es una ley impuesta por una mayoría coyuntural. Todas las mayorías, sin embargo, son coyunturales. Además arremete contra la evaluación final porque, según su criterio, es inasumible para la comunidad educativa, y anacrónica. Pero cuando el PSOE riza el bucle de su visión político-partidista de la educación es cuando llega a decir que la reválida de Bachillerato es punitiva. Sólo le ha faltado culpar al franquismo de la introducción de tal reválida. Por eso es partidario, aparentemente, de derogar el decreto que regula esta prueba este mismo curso. La pregunta es obvia: qué gobierno lo hará si Pedro Sánchez veta cualquier opción que no sea la que él presida, lo que no sólo es improbable sino imposible en la actualidad.
Lo que parece molestar al consejero son algunas medidas como respetar los conciertos educativos, la autonomía de los centros y la constitucionalidad de la educación diferenciada. Además de la Introducción de la Educación en Valores como alternativa a la materia de Religión, que también será calificada. Lo que es perfectamente constitucional porque son los padres los que eligen la educación moral y religiosa más conforme con sus creencias religiosas y valores morales sin ser censurados por eso tanto ellos como sus hijos. Posiblemente Ciudadanos tenga razón cuando afirma que paralizar una ley educativa nada soluciona porque ningún problema cambia hasta que haya un pacto educativo. Sin embargo Rivera hace todo lo posible para que este pacto sea imposible.
