Por fin se ha encontrado una solución para que las subvenciones a la rehabilitación de fachadas del Ayuntamiento de Gijón no perjudiquen las economías de comunidades y vecinos beneficiarios. El equipo de gobierno ha dedicado tiempo y consultas al asunto y finalmente ha establecido unas nuevas bases que rediseñan el procedimiento: hacen depender de la administración local gran parte del proceso y prorratean el pago de la ayuda de manera que fiscalmente sea menos gravoso para los particulares.
Ha tardado y aún está pendiente de aprobación definitiva pero parece que el gobierno local ha conseguido esa cuadratura del círculo en la que a veces se convierte la política en su versión micro y no digamos en modo macro. No ha sido fácil, ha dicho el portavoz municipal, la solución es de una elevada complejidad técnica y jurídica, ha añadido, pero por fin parece resuelta la extraña paradoja: el ayuntamiento iba a echar los restos para ayudar con subvenciones al cien por cien a modernizar los barrios degradados pero cuando los vecinos recibían los dineros con los que debían pagar las obras, llegaba Hacienda, les gravaba la dádiva y lo que empezaba siendo un regalo acababa convertido en una carga.
El equipo local de gobierno ha hecho lo que debía, arreglar el desaguisado, aunque por el momento redefiniendo a futuro estas líneas de subvención; quedan por resolver los casos de las comunidades que se encuentran inmersas en pleno proceso pero sujetas a las bases anteriores. Entiendo que también se está en ello. Y aunque lo lógico hubiera sido estimar con antelación el impacto posible del plan sobre las frágiles economías de los vecinos y no tener que ir a apagar el fuego ante el clamor popular y después de varios intentos de desentenderse del asunto, al final se ha dado la cara y -seamos positivos- de esta lección hemos aprendido todos, consistorio y ciudadanos.
El uno, que gobernar es idear políticas que solucionen problemas sin generar otros nuevos, lo contrario son impulsos y ocurrencias bienintencionadas pero altamente riesgosas; los otros, que en este mundo no hay caballo regalado al que no haya que escrutarle hasta el último molar y que siempre, siempre, Hacienda sale a nuestro encuentro cuando en nuestro modesto y previsible universo económico entra un soplo de dinero fresco.
Pero recordarán que el asunto de los daños colaterales por las ayudas a la rehabilitación de fachadas adquirió tintes dramáticos cuando se registraron casos de personas que perdían prestaciones al contar inesperadamente con ingresos económicos. Ahí fue donde la lección práctica sobre donaciones y renta personal se transformó, a mi modo de ver, en dolorosa constatación de cómo la asistencia pública a las personas desfavorecidas las acaba enrocando en la pobreza perpetua.
Todos tenemos cerca casos de gentes con las que la vida ha sido generosa en zarpazos y que acaban subsistiendo con esas ayudas exiguas para las que hay que acreditar un estado de miseria sin paliativos. Es terrible asistir a su pánico ante cualquier posibilidad de perder ese subsidio que es la última oportunidad de permanecer conectadas a la -al menos, en apariencia- normalidad. Se dan casos de receptores de este tipo de prestaciones que han de renunciar a incipientes trabajos, donaciones, incluso a discretas herencias, en definitiva, a cualquier tipo de brote verde en sus vidas, por miedo a que se les cancele ese ingreso mínimo pero periódico que les mantiene a flote. Es un naufragio en bucle y sin isla desierta posible.
Si para un ayuntamiento como el nuestro ha sido técnica y jurídicamente complejo desactivar el cañonazo que sobre la línea de flotación de las economías frágiles era un sincero intento de ayuda, cómo no entender el pavor de esas gentes a las que les ha tocado la peor parte y que, en soledad, sin máster en gestión publica y aferradas a un subsidio esquelético, consideran -con razón- una amenaza hasta lo que aparentemente es un golpe de suerte y una posibilidad de salida.
Es como si la propia sociedad las hubiera obligado a profesionalizarse en la pobreza, a matrimoniar con ella, con todos los votos y hasta que la muerte les separe. Es perverso. Y si en este país algún día volvemos a tener gobierno, habrá que exigirle que rompa esta condena sin posibilidad de reinserción. A no ser que la voluntad sea justamente ésa, la de condenar a quienes cometen el delito de ser pobres, a la pobreza perpetua.
