La reforma de la Constitución de 1978 vuelve a estar de actualidad en el contexto del desafío de los independentistas catalanes por la secesión unilateral, y el gobierno en minoría del PP de Rajoy en esta segunda legislatura. Una de las causas de la gran inestabilidad del siglo XIX español, plagado de golpes de Estado ("pronunciamientos militares") y guerras civiles, se achaca precisamente al vaivén de constituciones según la tendencia de los gobiernos cambiantes y sectarios. De ahí que las dos más duraderas, la de 1876 durante la restauración borbónica y la actual de 1978 durante la transición democrática, tengan en común el haber sido elaboradas por consenso buscando la estabilidad, que no debería implicar dogmatismo. Según encuestas, el 80% es partidario de actualizar la Carta Magna: redefinir competencias del Estado central, ampliar derechos sociales, igualdad de sexos para la Corona o papel del Senado. Si a la de 1876 se le criticaba estar viciada por el caciquismo, la actual ley de leyes democrática y autonómica tiene como desvaríos la partidocracia y los nacionalismos. Los partidos socialdemócratas por fuera y leninistas por dentro sobran. La racionalización del Estado autonómico es otro gran reto pendiente, precisamos una tarjeta sanitaria común efectiva, un Estatuto Docente Nacional y menos burocracia. Si a cada crisis económica el gobierno reacciona con aumento de impuestos, es como hacerle una sangría al enfermo en vez de darle una medicina. Evitando dar cancha a propuestas extremistas de quienes no quieren mejorar la Constitución, sino cargársela para montarse más chiringuitos.
La Constitución actual desde 1978 se ha aprobado en Cataluña por el 90,42% de los votantes catalanes, descontado el 32% de abstención. El Estado autonómico precisamente se consensuó con los nacionalistas catalanes, durante la transición democrática española después de la dictadura de Franco, apostando por la reconciliación y las libertades. Tuvo siete ponentes, tres de UCD (centristas de Adolfo Suárez, en el gobierno), uno de AP (hoy, PP), uno del PSOE, uno del PCE (hoy, IU) y uno nacionalista catalán, su secretario general, Miquel Roca. Así pues, la autoridad tanto del Parlament como del Govern autonómicos catalanes deriva precisamente de la Constitución de 1978, que reconoce el derecho a la autonomía territorial, porque la España franquista (1939-1975) era centralista, no había autonomías regionales. La Constitución no es inmaculada ni inmutable, sino fruto de las circunstancias, como diría Ortega. Cuando señala el "derecho" al trabajo o a la vivienda, no significa que el Estado español tenga la "obligación" de dar un trabajo y una vivienda a cada persona, sino que nadie puede ser discriminado para desempeñar un trabajo o comprar una vivienda, naturalmente siempre que sea capaz de realizarlo o pueda pagarla. La mejor política social es una política económica eficaz para crear empleo y prosperidad. Nuestra Ley de leyes puede actualizarse, y debe actualizarse, por ejemplo, el artículo 69 sobre el Senado, pero para reformarla según la legalidad vigente no vale un parlamento autonómico; tienen que aprobar la reforma 2/3 de los diputados del parlamento nacional en Madrid.
Se habla de la necesidad de culminar la articulación del noroeste peninsular, en especial sus infraestructuras. La periferia geográfica no debe condenarnos a la periferia económica. Mientras las cordilleras separan (incluidas penillanuras con Portugal), ríos e infraestructuras -como puertos marítimos- con libertad y comercio permiten unir y prosperar. Los ministros de Fomento u obras públicas suelen ser muy populares, sobre todo cuando en sus giras toman nota de las reivindicaciones territoriales y prometen resolverlas prioritariamente. Por pedir que no quede, está bien su receptividad, el problema es que no todo puede ser prioritario a la vez. También resolver el paro es prioritario y llevamos 40 años -excepto del 2000 al 2008- con altas tasas de desempleo. Tanto fue así que el exministro Borrell fue elegido mediante primarias en el PSOE como sucesor de Felipe González. Por ejemplo, había prometido en 1991 que en 1995 se terminarían las complejas autovías de la meseta a Galicia, superando grandes puertos de montaña. Luego las autovías no se concluyeron hasta el 2000, pero ¿quién se acuerda ocho años después de reclamarle su demagogia? En Asturias votaron para presidente a un salvador que primero empezó las obras de los túneles del AVE y después hubo que hacer el estudio hidrológico rectificador. Así pues no hay que fiarse de los deseos y promesas cuanto de los calendarios y presupuestos. Veremos si esta legislatura se abre el túnel del AVE en Pajares y se mejoran los Cercanías en Asturias, y si se resuelve la cara estación intermodal y se logra el barato arreglo de la playa de San Lorenzo en Gijón. Lo demás son cuentos de Navidad, sin cuentas.
