En el debate presupuestario de Xixón se ha puesto encima la mesa la posibilidad de establecer una Plan de Emergencia Social-Renta Social Municipal con el objetivo de garantizar a cualquier persona unos ingresos mínimos. Estaríamos hablando de unos 530 euros aproximadamente como derecho a unos ingresos mínimos, con una solicitud ágil y poco burocrática, compatible con otra ayudas, sin tener contraprestaciones (hacer cursos, cumplir programas de reinserción social, etc.) y sin una tutela pública del uso de esos fondos, al partir de la convicción de que las personas son autónomas para gestionar esos ingresos.
El cambio radical que subyace en esta idea de Renta Social Municipal, que arranca como proyecto piloto, es que se trata de un derecho. Así, cualquier persona puede acceder a este derecho sin tener que justificar más que la ausencia de unos ingresos mínimos y, como con cualquier otro derecho, las Administraciones públicas tienen que garantizar su cumplimiento.
Esta idea choca frontalmente con el concepto de Servicios Sociales que existe en Xixón, y en casi todo el Estado, donde las ayudas se dan para situaciones de desestructuración social y familiar, vinculadas a lograr unos objetivos preestablecidos por la propia Administración. Estamos ante un concepto de caridad: quien da la caridad establece los criterios para acceder a las ayudas y exige que la utilices para lo que determine, frente a la amenaza de dejar de recibir la asignación establecida.
Quizás el primer paso para que este proyecto piloto se implante con éxito es que la tramitación de este Plan de Emergencia Social-Renta Social Municipal no debe depender de Servicios Sociales. No podemos olvidar que el carecer de unos ingresos mínimos no es forzosamente una problemática social. Simplemente hablamos de personas que no tienen recursos familiares ni pueden acceder a un trabajo o, más grave aún, tienen un trabajo que no les garantiza ni esos 530 euros.
Podemos encontrarnos el caso de personas con una formación y experiencia laboral mucho mayor que representantes políticos de este Ayuntamiento que ponen en cuestión estas ayudas, por lo que es directamente humillante que se erijan como "responsables" de garantizar el buen uso de unos ingresos mínimos por parte de una ciudadanía perfectamente responsable. Una pena que los mismos políticos no se pongan así de estrictos a la hora de garantizar el buen uso de cientos de millones en sobrecostes de obras, por ejemplo.
La Renta Social Municipal debería depender de la concejalía de Hacienda o de Alcaldía directamente, y reservar para Servicios Sociales aquellos casos en los que sí se encuentren situaciones que exijan una intervención socio-laboral. Hablaríamos de situaciones donde las personas necesitan otro tipo de asistencia y ayuda, pero no derivadas simplemente de la ausencia de unos ingresos mínimos.
Tampoco podemos engañarnos: lejos estamos de hablar de una Renta Básica, en la cual una persona independientemente de su situación tendría garantizados unos ingresos. Pero, evidentemente, la Renta Social Municipal es un paso en ese camino que debemos recorrer y exprimir todas sus posibilidades.
La aprobación de una Renta Social Municipal, como un derecho de todo ciudadano a tener unos ingresos mínimos, alejado de la idea de intervención social, sería un salto de gigante en la lucha contra la pobreza y exclusión social, porque estaremos superando el concepto de caridad para una gente que no es capaz de gestionar sus vidas, a garantizar una renta a una ciudadanía responsable y con derechos.
