Según van pasando los días, el barullo en el que se ha metido el gobierno local con la destitución del funcionario que emitió un informe no a gusto del consumidor sino de la legalidad, relacionado con el Plan de Ordenación Urbana de Gijón, el barullo, decimos, va en aumento. El gobierno local, a saber si el real, el escondido detrás de los cortinajes o los dos juntos y en unión han lanzado un mensaje inadecuado a los funcionarios municipales y a la ciudadanía gijonesa. El mensaje se resume en que o escribes al dictado de mis intereses o te mandamos a galeras, que, desde fuera, es el caso. La sagrada misión del funcionariado de verdad profesional va por delante y por encima de los intereses políticos de éste o aquel gobierno. Ahora resulta que los expertos alertan de un posible delito si se ignora el informe del funcionario represaliado. No es el primer caso en el que desde las cúpulas municipales reclaman funcionarios a la medida. Y es no.
