Uno de los pilares más esenciales de la democracia es la seguridad jurídica. Contar con leyes que regulan la convivencia, estableciendo claramente los derechos y obligaciones garantiza que todos jugamos con las mismas cartas. Y contar con normas que regulan los procedimientos de actuación de las administraciones públicas y las instituciones nos asegura que todos contamos en el mismo tablero y con las mismas reglas. En definitiva, transparencia e igualdad ante la ley.
La irrupción en la vida municipal de Podemos, quien se autodenomina portavoz de la nueva política, ha hecho tambalearse este principio con la connivencia de FORO. A los "nuevos" no les gustan las reglas, nos dicen que las instituciones deben ser flexibles y adaptarse a las necesidades de la ciudadanía. Pero no quieren cambiarlas por otras, simplemente prefieren ignorarlas, pisoteándolas una y otra vez según su conveniencia. Lo vemos mes a mes en el circo en que han convertido el Pleno municipal.
Primero se inventaron la posibilidad de cambiar sobre la marcha el contenido de las propuestas que se debaten. Hace poco más de un año asistimos al cambalache de fichas del PGO durante el pleno en el que se aprobó inicialmente. Sin ningún rubor, al ponerse en evidencia alguna de las trampas que contenía el documento, el gobierno municipal modificó el texto minutos antes de la votación, apelando a una interpretación flexible del reglamento del pleno. El resultado ya lo conocemos, nadie está seguro de la validez de lo aprobado.
Desde entonces, es más que frecuente ver discusiones en el pleno sobre qué es lo que se está aprobando. El pasado mes de noviembre la alcaldesa apelaba a la "viveza de los plenos" para aceptar sobre la marcha un cambio en una propuesta sobre el 11x12. Esta misma semana, la marca local de Podemos presentaba una proposición para bonificar el IBI a familias numerosas que carecía de los informes obligatorios e incumpliendo el reglamento sin que sepamos a ciencia cierta que se sometía a votación. Lo mismo sucedió con su famosa propuesta para municipalizar el servicio de ayuda a domicilio, que finalmente se ha convertido en la creación de una comisión de análisis.
Las consecuencias de esa mal llamada flexibilidad en la aplicación de las normas que regulan el funcionamiento del pleno es evidente: a veces es muy difícil saber qué se acuerda y el gobierno queda así liberado para interpretar a su antojo las decisiones adoptadas. La transparencia se ha convertido en opacidad, la seguridad en inseguridad y la certeza en incertidumbre. La Sra. Alcaldesa, que en su anterior mandato destituyó a la secretaria municipal por insistir en aplicar la legalidad obligándola a convocar un pleno para la discusión de la ordenanza de fachadas, ha encontrado una nueva fórmula para imponer su voluntad en contra de las decisiones de la mayoría, la de la confusión deliberada, para satisfacer a sus socios de gobierno.
Y entre tanta informalidad, asistimos atónitos al espectáculo que esta semana nos daba el portavoz de la marca local de Podemos pidiendo una interpretación estricta del reglamento para luego abandonar el pleno. No vale usar la ley del embudo y pedir que lo de uno se mire siempre por la parte ancha y condenar a los demás a la estrecha. Quizá haya que pedir a los Cascos Azules que vengan a instruirnos sobre como pacificar este asunto.
