Recientemente, el IISPA (Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias) publicó una resolución dando los grupos investigadores adscritos al mismo para realizar proyectos de investigación sanitaria con nivel de excelencia. Analizando esa resolución, percibí ciertos detalles que despertaron mi interés; motivo por el que accedí a las bases de la convocatoria y los estatutos fundacionales del IISPA (todos documentos públicos), obteniendo un resultado que merece la pena ser comentado.
En primer lugar, esta convocatoria establecía como requisito imprescindible que todos los grupos investigadores pertenecieran al HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias), a la Universidad de Oviedo o al resto de hospitales del SESPA (Servicio de Salud del Principado); considerándose este incumplimiento como motivo de exclusión.
Sin embargo, el punto 1 del artículo 3 del Real Decreto 279/2016 del 24 de Junio sobre Acreditación de Institutos de Investigación Biomédica y Sanitaria, establecido por el Instituto Carlos III, máxima jerarquía nacional en temas de investigación, con potestad para acreditar al IISPA, indica que "cualquier grupo investigador de un hospital privado será acreditado como tal si aporta una dilatada trayectoria investigadora", prescindiendo de que exista un convenio asistencial, docente e investigador con la Sanidad Pública.
En segundo lugar, de los 39 grupos investigadores presentados, 5 fueron excluidos por su documentación incompleta o por incluir a personal investigador de otra Comunidad Autónoma y del extranjero; pero otro lo fue por proceder de un hospital privado ligado al SESPA mediante convenio aunque demostrara una amplia trayectoria investigadora, lo cual parece discrepar claramente de la citada legislación vigente.
En tercer lugar, casi todos los 33 grupos admitidos podían proceder de la Universidad de Oviedo, HUCA o la FINBA (Fundación de Investigación Biosanitaria de Asturias); pero no constaté la aceptación de grupos investigadores del resto del Principado, ni tan siquiera de Gijón. Sin embargo, el hallazgo más sorprendente fue que los seis grupos de investigación ya operativos de la FINBA fueron absorbidos directamente por el IISPA, independientemente de esta convocatoria, observándose un posible vínculo entre ambas partes que podría justificar esta presunta irregularidad.
¿Cómo se gestó el IISPA? Según su página web, el Instituto se creó en abril del 2016 tras la firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno de Asturias, el SESPA, la Universidad de Oviedo y la FINBA ; acto casi coincidente con una moción del PP, Foro, Podemos e IU presentada en el Parlamento del Principado para reconsiderar el modelo jurídico de la FINBA y encajarla en el sistema público. ¿Casualidad?
En diciembre del 2016 se constituyó el Consejo rector del IISPA, presidido por el mismo Consejero de Sanidad que, en sede parlamentaria (3-3-2016), se mostró favorable a que el IISPA colaborase con prestigiosas fundaciones privadas para darle al mismo un carácter institucional plural y multidisciplinar.
Lo dicho parece indicar que el IISPA se creó como marco público para ser gestionado administrativa, económica y técnicamente por la FINBA mediante financiación mixta: pública, por la aportación inicial del Gobierno del Principado de 300.000 euros; y privada, constituida por patronos fundacionales que aportarán 50.000 euros anuales durante cinco años. Por tanto, si esta convocatoria fuera de una institución privada, nada habría que objetar ante sus "particulares condiciones"; pero, dado que quien convocaba era una institución pública (aunque con financiación mixta) cuyo objetivo era fomentar la investigación de excelencia del Principado, sus limitaciones me parecen notoriamente arbitrarias.
Incluso más, entre las empresas figurantes como patronos fundadores de la FINBA hay
varias que están implantadas por todo Asturias; incluyendo dos entidades bancarias, una
cadena de alimentación, una industria láctea y una hidroeléctrica. Por tanto, procedería preguntar a estas empresas si suscriben la resolución del IISPA puesto que esta posible arbitrariedad podría merecer la reprobación del cliente asturiano que las sustenta.
En uno de mis artículos previos abordaba el tema de la investigación sanitaria en Asturias afirmando que un 65% de los ensayos clínicos realizados en el Principado procedían del Hospital Universitario Central de Asturias; lo cual indicaba que, en Asturias, investigar podía convertirse en patrimonio exclusivo de una élite selecta. Con la citada resolución, parece confirmarse el afán de los regidores de nuestra Sanidad Pública a "centralizar" la investigación de calado del Principado en la Universidad de Oviedo y en un hospital que tiene el rango de "Central de Asturias" por ser un referente en ciertas patologías. Basta un breve recorrido por sus nuevas y magníficas instalaciones para confirmar su condición de "joya de la corona", aunque en otro hospital ya envejecido (como Cabueñes) solo se contemple su reforma.
Sin duda alguna, la referencia en la atención e investigación sanitaria de Asturias debe estar en Oviedo, pero también debe haber una adecuada dotación y participación de los otros hospitales del Principado; especialmente de Gijón, lo cual no parece ser así. Este supuesto centralismo me recuerda una política de épocas pretéritas y nada democráticas.
En definitiva, considero que la Consejería de Sanidad del Gobierno del Principado debe ofrecer una explicación pública de la resolución del IISPA y la FINBA para evitar que, lo que ahora podría considerarse como la interpretación restrictiva de un Real Decreto se convierta en una resolución aparentemente discriminatoria por agravio comparativo con los demás grupos investigadores del Principado.
Más aún, si se confirmara que la inversión investigadora de la Sanidad Pública asturiana se otorga a una élite profesional, sin primar el valor científico del proyecto sobre quién y dónde realiza la investigación, el malestar ciudadano será inevitable.
