Son muchos aún los intrusos profesionales que, haciéndose pasar por especialistas sanitarios, usurpan la actividad profesional de gremios como el de la podología.
El camino por parte de los colegios y asociaciones profesionales para llevar ante la justicia a estos "piratas" que juegan no sólo con el trabajo de los demás, sino también con la salud de cantidad de pacientes que acuden a sus consultas pensando que están en manos de profesionales respetados, es largo y complicado. Es necesario que, desde nuestro colectivo, informemos a la población de las características que debe cumplir una clínica podológica y las titulaciones con las que debe contar el personal que trabaja en dicha consulta.
Muchos pacientes que acuden rebotados de dichas consultas piratas nos indican la cantidad de títulos con los que contaba la persona a la que acudía o los medios casi parecidos de los que disponía en dicho lugar.
El título importante que debe aparecer en la pared del podólogo donde acudan es el de diplomado o graduado en Podología. Además, dicha consulta debe contar con un número de registro sanitario visible por el paciente, además de estar colegiado.
Estas pequeñas cosas fáciles de localizar nos aseguran que estamos en una clínica que cumple unos requisitos sanitarios impuestos por las administraciones y que nos ofrecen una atención segura.
Acudir a centros ilegales no sólo repercute en nuestra salud, sino que también favorecemos en muchas ocasiones el delito fiscal ya que realizan una actividad económica sin control por parte de las administraciones, algo que acaba repercutiendo en toda la sociedad.
Es una labor del colectivo podológico informar a la población de la existencia de este tipo de centros para que sean ellos mismos los que nos ayuden a emprender las medidas legales oportunas que nos permitirán avanzar en la tarea de eliminar esta lacra sanitaria.
