Si para poner en pasado las corridas de toros conviene el consenso, esto va a llevar tiempo. Ni en una mediana ciudad norteña como Gijón hay manera. Y no hace falta mirada de conjunto de todo el espectro político: la izquierda se basta y sobra ella sola para no entenderse en las combinaciones posibles para abordar el espinoso asunto. Porque es espinoso, de ahí los equilibrios para estar a la altura de lo que la sociedad está demandando de forma cada vez más nítida, sin darle un zapatazo a una afición que innegablemente existe y a la que la ley protege.
De la izquierda gijonesa actual no extraña nada este nivel experto de ingeniería del desencuentro. Recordemos que pudiendo gobernar no lo está haciendo, se conforma con ver los toros desde la barrera, cosa incomprensible para quienes entendemos que la máxima aspiración de un político ha de ser la de cambiar su realidad, no contemplar cómo lo intentan otros. A no ser que sea esa comodidad la que en el fondo se busque.
El gobierno regional se mantiene ajeno a esta disputa local aunque le interpela de alguna forma puesto que las competencias en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas están transferidas a las comunidades autónomas. En la normativa que la nuestra ha desarrollado en el actual siglo se prohíbe que el sufrimiento animal sea objeto de entretenimiento público aunque acto seguido -la relación de conceptos es clara- se hace excepción expresa de los espectáculos taurinos.
Aparentemente algo podría hacer la administración regional aunque la realidad es que no. La prohibición de corridas de toros que Cataluña aprobó en su momento fue tumbada por el Tribunal Constitucional por "invadir la competencia del estado en materia de cultura" así que es evidente que, una de dos, o el cambio viene de la propia administración central -cosa improbable- o son los municipios los que han de ir pulsando los sentires de sus vecinos y decidiendo a qué divertimentos dan juego presupuestario y cuáles entienden que ya no toca promocionar.
Por tanto, sí podemos pedirle al gobierno regional que cumpla, por ejemplo, con la prometida modificación de la ley de espectáculos para facilitar la música en directo en los bares y que nuestros grupos puedan tener un espacio donde madurar artísticamente a la vez que nos alegran la vida. Pero, sin embargo, en la conveniencia o no de permitir espectáculos taurinos en Gijón, estamos solos, la ley nos da vía libre; nos tendremos que entender.
Otras ciudades de España ya lo han hecho o están en ello, con consultas ciudadanas o declaración expresa de intenciones del gobierno local de no invertir dineros en actividades de tauromaquia. No es sencillo, son conscientes de la inevitabilidad del cambio pero también de que los modelos culturales no se transforman de la noche a la mañana.
Es elocuente lo ocurrido en la última intentona gijonesa, la del pleno municipal en el que pudo salir adelante una consulta ciudadana sobre la celebración o no de espectáculos taurinos en Gijón o la modificación de las condiciones de gestión de El Bibio para impedirlos. Fue entonces cuando, esgrimiendo parecidos argumentos y apelando a las mismas causas, en una exhibición de tauromaquia zurda, la combinación de votos a favor, en contra o abstenciones, dejó todo lo que supuestamente se quería cambiar? exactamente como estaba.
