El pasado 5 de enero conocimos la decisión del gobierno socialista asturiano de negar la creación de un grado de Ingeniería de Organización Industrial en Gijón. Pese a que los socialistas trataron de tapar esta noticia apurando hasta el último día el plazo para anunciarlo, rechazando la nueva titulación en plena Navidad, la oposición total por parte de la Universidad de Oviedo, empresarios y políticos ha hecho que se destape la sinrazón de dicho fallo.
Desde la dirección de la Escuela Politécnica argumentan que este título casa con un perfil altamente demandado en el sector privado, ya que supone la formación de nuevos ingenieros con una visión más amplia del mundo empresarial, sumando eficiencia en las empresas donde actúan. Esto lo corroboran también desde las diferentes organizaciones de empresarios, quienes han mostrado un gran malestar por una intervención desmedida del gobierno del Principado, la cual repercute directamente en su búsqueda de talentos dentro de Asturias. Desde un primer momento, el Partido Popular de Asturias y de Gijón nos sumamos a defender un grado que considerábamos positivo para implementar la fuerza de nuestro campus y para mejorar la empleabilidad de sus estudiantes.
Sin embargo, la dirección general de Universidad ha considerado que este título sobra en Asturias. Desde los despachos de la Consejería han esgrimido que el plan presenta duplicidades con otras carreras de la escuela e invitan a los estudiantes a cursarla en otras universidades del entorno, como la privada Universidad Europea del Atlántico en Cantabria. Poco importa la opinión de la comunidad universitaria, que ha presentado un plan de estudios aprobado por todos sus organismos competentes, o que haya empresas que ya estén impartiendo formación a sus ingenieros encaminada al campo de la organización. Incluso se recomienda a la dirección de la Universidad de Oviedo bajo qué formatos debería impartir los contenidos referentes a la organización industrial.
Una vez más, el gobierno socialista asturiano peca de intervencionista, poniéndose a juzgar planes de estudios que profesionales de la educación y de la empresa reclaman y aprueban, sin importarle las nefastas consecuencias que puedan tener sus decisiones sobre la empleabilidad de los jóvenes y su permanencia en nuestra tierra. Parece que la sociedad vuelve a recordar al Gobierno autonómico que una buena consejería de Educación es aquella que atiende las necesidades académicas, no la que más se inmiscuye en la vida de los estudiantes.
