Le pido por favor que pruebe a situarse en el siguiente escenario: usted vive felizmente -solo o con su familia- en su vivienda, formando parte de una comunidad de propietarios de lo más normal; con las clásicas discusiones que van surgiendo especialmente con el transcurrir del tiempo, y que son santo y seña de toda humana convivencia que se precie de serlo entre dos o más vecinos de un mismo edificio. Hasta aquí todo correcto y nada que no hayan seguro podido experimentar en algún momento de sus vidas.
El caso es que uno de estos propietarios con los que jamás usted ha tenido problema alguno, cansado de intentar sin éxito alquilar su piso, decide poner éste a disposición del Ayuntamiento a fin de que sea incluido en el "parque de viviendas" municipal, destinado a dar respuesta a la multitud de solicitudes que existen en nuestra ciudad, provenientes de personas o familias con graves problemas para poder acceder a una vivienda digna. Tampoco en todo esto hay nada anormal o extraño.
Un buen día el Ayuntamiento asigna ese inmueble a una pareja a cambio del pago de una simbólica cantidad de dinero, que en comparación con el precio de mercado del alquiler de nuestra costosa villa marinera, podría considerarse a todos los efectos como gratis. Por supuesto el propietario recibe una cantidad considerablemente mayor y esa diferencia es la que asumen las arcas municipales. La historia sigue siendo perfectamente entendible y aceptable.
Pero el hecho es que no pasa siquiera una semana desde la llegada de los nuevos inquilinos, cuando la tranquilidad que usted y todos su vecinos disfrutaban en sus respectivas viviendas se ve alterada por completo. No tardan así en enterarse de que la pareja en cuestión son dos heroinómanos que han accedido a ese piso gracias al programa de reinserción social.
El problema no es su condición de toxicómanos sino el que lejos del menor atisbo de querer reinsertarse, los dos sujetos, tanto él como ella, siguen dando rienda suelta a su adicción. Para ello él, recién salido de la cárcel, cuenta con el correspondiente subsidio de desempleo. Por su parte ella, madre de dos retoños al cuidado de la abuela, recibe otra subvención por una manutención que no llega a los niños sino que se queda por el camino en forma de picotazos. Sumando uno y otro podemos llegar a la conclusión de que sus ingresos superan de largo los de numerosas familias, que a duras penas logran malvivir ganándose el pan a cambio de un sueldo mileurista.
A las continuas peleas, gritos y demás altercados entre ambos y que requieren en no pocas ocasiones de la llegada de la policía, se añaden todo tipo de intimidaciones (a usted y al resto de vecinos). No hay día en el que no le piquen al timbre para pedirle reiteradamente más dinero. Aparecen así coches rallados en el garaje del edificio, excrementos en los felpudos, restos que demuestran el consumo de drogas en el propio ascensor y situaciones tan increíbles como la práctica de hogueras en el interior de la casa que ocupan. O dramas como el de un niño que vive completamente aterrorizado ante dos individuos con aspecto de zombis, a los que ha visto y oído amenazar a sus padres y que cuando no están "colgados" están con el mono.
Mientras todo esto ocurre, el propietario, conocedor de la situación, intenta en vano recuperar su vivienda antes de que no quede nada por recuperar. Pero se encuentra de bruces con la ley, que en casos como éste parece proteger y amparar más a quien, sin embargo, menos lo merece.
Digno argumento para un "thriller" cinematográfico, ¿verdad? Sin embargo lejos de ser ficción es absolutamente real y es lo que están viviendo en sus carnes toda una comunidad de vecinos en nuestra ciudad. Una que yo conozca. Quizás usted pudiera conocer alguna más.
Ante esto, la conclusión que cualquier persona de bien puede extraer es que el Ayuntamiento tiene la misión no sólo de favorecer la reinserción social de las personas en riesgo de exclusión, sino de ocuparse más si cabe de realizar el correspondiente seguimiento una vez asignada por ejemplo una vivienda.
En casos tan flagrantes como el descrito tienen que haber otros mecanismos previos e intermedios antes de adjudicar una vivienda. Buscando la reinserción en la sociedad de alguien que con su conducta demuestra no estar ni preparado ni, lo que es peor, tener la más mínima intención de ello, lo único que se consigue es someter a un calvario a personas que nada han hecho para merecer semejante condena.
