No es una novedad y sin embargo, casi nos sorprende: las bibliotecas públicas van a pagar. Desde el 2014 lo sabemos. El Real Decreto 624/2014 recogía el derecho de remuneración de los autores por los préstamos de sus obras en establecimientos públicos. Ahora ha llegado el momento de hacer caja.
A los ayuntamientos están llegando cartas firmadas por CEDRO, DAMA, SGAE y VEGAP, entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual que exigen ese pago. He de decir que no es una disposición española y aún así, no deja de parecerme injusta. Se trata de una normativa europea que dice que los autores tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el préstamo. En el caso de las bibliotecas, al tratarse de préstamo público, se permite a los estados miembros derogar este derecho exclusivo de los autores y por ello estos deben tener una remuneración.
Las empresas de gestión de derechos de autor recuerdan a los ayuntamientos que "se estableció en el TRLPI (Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual) que las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales) podían acordar mecanismos de colaboración para cumplir con sus obligaciones. El hecho de que no lo hayan hecho es exclusivamente imputable a las mismas y ello (amén de su carácter facultativo) no puede servir de fundamento para pretender o justificar el incumplimiento de la obligación". ¡Vaya meneo que les dan a las administraciones! Voy a intentar resumir lo que reclaman estas compañías a los ayuntamientos. Pido perdón por adelantado, soy bibliotecario. Establecen varias tarifas. La primera comprende el período que va desde el 24 de junio de 2007 al 1 de agosto de 2014. La remuneración que fijan es 0,2 euros por cada ejemplar adquirido con destino al préstamo.
La segunda se corresponde con el período que va del 2 de agosto de 2014 al 31 de diciembre de 2015. Aquí contemplan el número de obras adquiridas por las bibliotecas con destino al préstamo, multiplicado por 0,16 euros. Asimismo, consideran el número de usuarios inscritos anualmente en cada biblioteca que hayan hecho uso efectivo del servicio de préstamo en el año correspondiente, multiplicado por 0,05 euros. Se sumarán el resultado de ambas cantidades.
La tercera comprende el desde el 1 de enero de 2016 en adelante. Se tendrá en cuenta el número de obras para préstamo y efectivamente prestadas, multiplicadas por 0,004 euros. Sin olvidar el número de usuarios inscritos que hayan hecho uso efectivo del servicio de préstamo en el año, multiplicado por 0,05 euros. Creo que estos datos son necesarios para saber de qué estamos hablando. Pues bien, llegados a este punto me asaltan algunas dudas. Lo cual no es extraño, ya les dije que soy bibliotecario y estas cosas me superan.
¿Cómo van a realizar el reparto estas sociedades? Me gustaría saberlo. Miren, no todos los libros adquiridos por las bibliotecas son leídos el mismo número de veces. Incluso alguno se lee muy poco. ¿Van a cobrar todos los autores por igual? Los traductores, prologuistas, adaptadores ¿cobrarán?
Rizaré el rizo un poco más. Esas cantidades se abonarán con dinero público y su entrega debería estar plenamente justificada. Los autores de libros comprados pero no prestados, ¿van a cobrar? ¿Es legal que se reparta de forma arbitraria lo recaudado? Para poder cobrar cada uno de los autores ese dinero público ¿no habría que justificar todas y cada una de las veces que se han leído sus libros en cada una de las bibliotecas?
Oigan, si es a partes iguales mañana me doy de alta en una empresa de estas y me preparo para recibir mi trozo de pastel. Sí Belén Esteban publicó un libro yo lo podré hacer. Ya que van a cobrar un pastón, no estaría mal que se aplicarán eso de la transparencia. Creo que de eso sabe mucho la SGAE. Eso sí, las bibliotecas municipales que suplan o hagan las veces de bibliotecas escolares podrán estar exentas del pago. Antes de seguir debo aclarar una cosa: los derechos de autor son inalienables. Por cierto, muchos autores saben, y así lo han manifestado, la trascendencia que tienen estos servicios públicos para dar a conocer sus creaciones.
Por su parte la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) hizo llegar, hace tiempo, a los ayuntamientos unas pautas para la aplicación del Real Decreto 624/2014. Según esas directrices, las reclamaciones a los ejercicios 2009 y 2010 habrían prescrito. Respecto a las referidas a los ejercicios 2011 a 2013, los ayuntamientos no podrán atender al pago ya que incumplirían las disposiciones de la Ley 47/2003 General Presupuestaria.
Así están las cosas. De todo esto lo que queda claro es que las administraciones tienen que pagar. Los temores que nos asaltan a los bibliotecarios es que aún se rebajen más los presupuestos para la adquisición de materiales. No es un miedo infundado.
Veamos el ejemplo de Asturias. Hace unos meses, 115 bibliotecarios asturianos firmamos una carta dirigida al consejero de Educación y Cultura, así como a los grupos parlamentarios, en la que les exponíamos el estado en que se encuentra la red de bibliotecas públicas. En ella les recordábamos los recortes sufridos, año tras año, para la compra de libros y otros materiales. Pasamos de 488.000 euros en 2010 a 110.000 euros en 2015. Casi nada.
La repercusión ha sido clara: descenso de usuarios. Si hablamos de las vacantes dependientes del gobierno autonómico, sencillamente no se cubren. Los proyectos digitales languidecen. La adquisición de obras asturianas por parte de la Biblioteca de Asturias se ha reducido de forma alarmante. Etcétera. Resumiendo, las bibliotecas públicas no están cumpliendo todas sus funciones por falta de un presupuesto digno. En esa carta los bibliotecarios recordábamos, al señor consejero y grupos parlamentarios, que en los últimos quince años la consejería redactó tres proyectos de Ley de Bibliotecas. A día de hoy seguimos sin ella.
Pues bien, a pesar de los pesares en 2014 las bibliotecas públicas asturianas tuvieron casi tres millones de visitantes y realizaron más de un millón trescientos mil préstamos -las cifras del 2015 se harán públicas el Día Internacional del Libro-. Tendría que tener los datos del número exacto de usuarios de toda Asturias y el de libros adquiridos en esas fechas, pero estoy seguro que la cantidad a abonar no es pequeña.
Ya sé que los presupuestos autonómicos están prorrogados y lo que eso significa, pero espero, esperamos, que al igual que para otras necesidades, para las bibliotecas públicas se habilite un crédito extraordinario en la Junta General. Vista la tendencia, con este canon no creo que las bibliotecas públicas asturianas salgan bien paradas. Las bibliotecas públicas existen y resisten. ¿Se acordarán de ellas?
