Desde la Jefatura del Estado hasta el municipio más pequeño, pasando por las numerosas instituciones intermedias, existe un abundante conglomerado de cargos públicos, todos con sueldos salidos del erario público, que para la mayoría de la ciudadanía son excesivos y en muchos casos innecesarios.

Al margen de la opinión que cada cual pueda tener sobre si el Estado debe constituirse bajo la fórmula de Monarquía o de República, lo cierto es que en torno a la Corona se genera un despilfarro que origina unas cifras de gastos que resultan desproporcionadas, máxime teniendo en cuenta la situación actual del país.

Con frecuencia se oye decir que nuestros políticos cobran poco en comparación con otros países próximos. No preocupa tanto lo que cobre un ministro u otros altos cargos como lo que supone mantener algunos ministerios, tales como el de Sanidad, cuando las competencias en esta materia corresponden a las comunidades autónomas.

Si no existe una explicación no es posible estar de acuerdo con que los integrantes de la Junta del Principado se embolsen cerca de 6000 euros por una actividad parlamentaria que una gran parte del año permanece paralizada. Y molesta el número de asesores que se otorgan a cada grupo parlamentario. Y molesta el sinfín de empresas públicas, semipúblicas o privadas que crecen en el entorno de la administración autonómica y que son el perfecto coladero para un montón de enchufes.

Poco se puede hacer desde la posición del ciudadano medio para intentar aliviar la opresión de esta losa administrativa. Sí está en nuestras manos intervenir en lo que tenemos al lado. Nuestros ayuntamientos también son un sumidero de dineros públicos que se van en los sueldos de los ediles.

Seguramente que a los interesados les parecerá justo lo que reciben en sus respectivos ayuntamientos. Pero aquel que sobrevive de una pensión o de un sueldo que no alcanza los mil euros, mal va a comprender que el ayuntamiento de Taramundi haya de dispensar de su presupuesto 30.000 euros para retribuir al alcalde, o que en Cudillero esa cantidad se eleve a más de 40.000 euros.

No puede soportar el Ayuntamiento de Valdés un cuarto concejal liberado para ocuparse del área cultural cuyo balance es de meses y meses de actividad cultural cero. Solo debido a que su número es necesario para sumar una mayoría.