Los gobiernos no pueden conceder ayudas sin que la oposición ejerza su derecho a fiscalizar. Debe saberse a dónde va cada euro público. Quienes gobiernan los ayuntamientos suelen escudarse en que muchas de las personas que reciben ayudas sociales no quieren que se conozca su situación y que, por lo tanto, sus identidades deben ser protegidas. Absurdo argumento. Lo mismo que en el Congreso de los Diputados existe la comisión de secretos oficiales, en los ayuntamientos puede crearse una similar, integrada por ediles de todas las fuerzas políticas, que deben conocer el destino de esas ayudas. Y para que nada trascienda de las personas auxiliadas existen las cláusulas de confidencialidad. Nada nuevo. Lo que no puede ser es que un gobierno dé lo que quiera a quien quiera y cuando quiera, sin control alguno. Eso sólo ocurre en las dictaduras y en las repúblicas bananeras. Y aquí no queremos nada de eso, ¿no?
