Al hilo del escándalo de Aquagest, que al menos está sirviendo para conocer los manejos de personas en las que la gente había depositado su confianza, parece resurgir en algunos concejos el recurrente debate sobre si la gestión del servicio municipal de agua debe estar en manos públicas o privadas. Resumiendo mucho, la izquierda defiende una gestión pública, pero sólo donde no gobierna. Porque no se ha visto ningún ayuntamiento gobernado por la izquierda -o por quienes se dicen de izquierdas, mejor dicho- que haya devuelto la gestión del servicio a los pueblos, a las juntas vecinales o a sí mismo. Dicen quienes rechazan la gestión privada que sin intermediarios y sin beneficio industrial la factura bajaría. Pero replican quienes se oponen la gestión pública que en realidad la factura subiría, pues harían falta más empleados municipales. Lo que resulta sorprendente es que se siga discutiendo sobre lo mismo que hace treinta años.
