Pues parece que el asunto va en serio y que no ocurrirá como en el "caso Pacoli", ese edificio de Colunga que lleva tropecientos años "a punto de ser demolido" pero que ahí sigue, en pie. El "caso Kaype" tiene otra pinta. La juez encargada del contencioso no se anda con tonterías y ha advertido a las autoridades llaniscas que impondrá multas coercitivas si no ordenan ya la demolición de lo construido ilegalmente. Además, para que no queden dudas, le ha dictado al Ayuntamiento el calendario con todo lo que tiene que hacer. Primero, requerir a la propiedad que redacte el proyecto de demolición antes de dos meses. Si no se atiende esa orden, el Ayuntamiento debe redactar el proyecto de derribo antes de un mes. Y dentro del mes siguiente, iniciar la demolición. Es verdad que aún hay resquicios legales, pero no parece que esta juez vaya a permitir tomaduras de pelo, ni dilaciones innecesarias. Veremos cómo va la cosa en julio.
