El PSOE exige la dimisión a sus militantes si se abre juicio contra ellos; esto es, cuando son encausados. Hay quien considera esa medida insuficiente (aunque muy pocos partidos políticos más la practican) y reclama que se exija la dimisión o se cese, también, a quienes sean investigados (antes imputados). Hay partidos -incluso alguno emergente- que respaldan a cargos públicos enjuiciados y hasta condenados, al considerar que hay delitos que no merecen condena política. Cada cual puede poner el listón a la altura que desee, y ya la gente, con su voto, pondrá a todos en su sitio. Pero hay razones más que suficientes para respaldar la medida del PSOE. Estar investigado no implica ser culpable, ni siquiera que se vaya a ser juzgado. La condición de investigado es una garantía procesal que permite a personas que podrían llegar a ser encausadas declarar en presencia de un abogado y tener acceso a las actuaciones. Nada más. Y nada menos.
