Días atrás tuve el gusto de acudir a las dependencias del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas de Onís, sito en la planta baja del edificio Consistorial, para realizar unos trámites de carácter privado. Sobre uno de los mostradores me topé con unos folios donde estampar firmas en pro del mejor funcionamiento del mismo, campaña iniciada meses atrás y que poco a poco ha ido sumando adeptos. Allí, como no podía ser de otra forma, dejé mi rúbrica, con el correspondiente NIF, en señal de apoyo a las reivindicaciones de los funcionarios y empleados públicos que desarrollan su cotidiana tarea en el otrora Palacio de Justicia, que en su día fue Audiencia Provincial, proyectado por el arquitecto vasco Javier Aguirre Iturralde. Dicho esto, y observado el panorama, me preocupa una barbaridad que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción cangués, con una de las cargas de trabajo más notables de la comunidad autónoma, no acabe de ser tenido en cuenta por el Gobierno de Javier Fernández a la hora de dotarle de mejores condiciones y más apoyo humano para desarrollar su cometido con normalidad. Anclado en el pasado, quizás condenado a seguir siéndolo por matices políticos -el PP gobierna en Cangas de Onís-, parece que la urgencia de las prometidas actuaciones quedan un tanto aparcadas, en detrimento de otros concejos limítrofes, caso de Piloña, sin ir más lejos, donde rige el concejo el socialista Iván Allende.
Hace escasos mese se anunciaba la futura ubicación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del concejo avellanero en la planta baja del edificio de viviendas de promoción pública construido en el barrio de Xudes, en Infiesto. Se licitó el contrato, a través de la Consejería de Hacienda y de Sector Público en julio, con un montante de 443.470 euros (excluido el IVA). Tras la adjudicación acaban de comenzar las obras de adecuación esta misma semana y finalizarán a principios del próximo año. Todo muy normal, sobre manera cuando es patente la sintonía entre Administraciones de idéntico signo político, en este caso concreto del PSOE. ¿Por qué se ha dado más prioridad a las dependencias de la capital piloñesa que a las de la primera capital del Reino de Asturias?
En la pasada legislatura todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Cangas unieron fuerzas defendiendo a ultranza el mantenimiento del Partido Judicial y echando abajo las pretensiones manejadas por el Ministerio de Justicia. Nunca más se supo de aquella de la supuesta supresión del Juzgado cangués. Aún más: en el año 2007, en tiempos de Alfredo García Álvarez (PSOE) como alcalde, estaba en candelero la construcción de un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en una parcela de la Vega de Contranquil, cerca de la estación de autobuses y de la rotonda de circunvalación de la ciudad. Tan sólo restaba formalizar el acuerdo de cesión al Principado de los terrenos, inmersos en el desarrollo urbanístico de la ería de Contranquil.
Sea como fuere, tampoco acaba de salir adelante aquel proyecto -salvo que quedase extraviado en algún cajón de la Consejería de turno-, ni mucho menos otras alternativas. Parece, y no me cansaré de recordarlo, que la sintonía política tiene bastante culpa de que unos concejos logren lo que persiguen y otros -de distinto signo- deban aguardar a la cola, como sería el caso de Cangas de Onís. A los hechos me remito. Y es que desde el 2007 ha llovido un trecho hasta llegar casi a las puertas de 2017. Vamos, nada menos que una década. Y el asunto, salvo que alguien me saque de dudas, sigue aletargado; en tanto, el Juzgado cangués sufre las consecuencias de la falta de personal y, para mayor inri, el grave problema del deterioro de las vetustas dependencias -humedades y demás-.
La historia del Juzgado de Cangas de Onís se remonta al año 1882, aprobada por el Real Decreto de 14 de octubre, por el que se crearon noventa y cinco Audiencias de lo Criminal. Tres de ellas se instalaron en Asturias, de las cuales una sería en Cangas de Onís para los Juzgados de Cangas, Piloña, Llanes, Villaviciosa y Pola de Laviana. Una década más tarde, a causa de dificultades económicas, llevaron a la supresión de todas aquellas Audiencias de lo Criminal no situadas en capitales de provincia, es decir, se eliminaron cuarenta y seis. Creo que no hace falta agregar nada más para recordar la tremenda importancia de la vieja Cánicas en el panorama judicial de la comunidad autónoma. Es triste que, a estas alturas, haya que recoger firmas de ciudadanos para velar por tratar de mejorar las dependencias y dotarla de más medios.
