Ante todo y por delante, absoluto respeto a todas las resoluciones judiciales. Las del "caso Kaype" vienen a decir, por un lado, que las licencias que permitieron ampliar y reformar el hotel de Barru eran ilegales, que por eso fueron anuladas y que por esa razón hay ahora que demoler el nuevo edificio y la ampliación del antiguo. Pero, por otro lado, resulta que los informes técnicos que avalaron esas licencias municipales se basaron, según los jueces, en "interpretaciones jurídicas discutibles, incluso originales o creativas", pero "jurídicamente defendibles". Tal vez entonces sea la legislación vigente la que cojee. Porque quizá las licencias (y la edificabilidad concedida, que es una de las claves de este embrollo) basadas en criterios "jurídicamente defendibles" no deberían ser anuladas. Porque una situación como la del "caso Kaype" puede provocar, llegado el caso, que sean los vecinos quienes acaben pagando los platos que otros rompieron. Spain.
