Me congratula que las asociaciones empresariales y turísticas de la comarca del Oriente de Asturias hayan hecho suya la veterana reivindicación de la Sociedad de Pescadores El Esmerillón para que se pueda comercializar el salmón, el reo y la trucha capturados -eso sí, legalmente- en las aguas continentales del Principado de Asturias. Lo considero un acierto, en cuanto a unión en la defensa de los valores de la "cultura ribereña", aunque temo que no saldrá adelante en la Junta General del Principado de Asturias. Ni es la primera vez que lo debatan en sesión plenaria, ni mucho menos va a ser la última, dado que el colectivo de pescadores de la zona oriental seguirá insistiendo por el levantamiento de ese, digamos, "castigo".
Dicho esto, considero extraño y fuera de lugar que se busca promocionar la riqueza gastronómica asturiana lejos de nuestras fronteras y que, para redondear el círculo, no se incluyen las exquisiteces que ofrecen
los ríos salmoneros y trucheros del Paraíso Natural. Para nada me sirve
escuchar que el salmón está en claro peligro de extinción, tan sólo basta poner sobre la mesa los conteos llevados por el Principado de Asturias a lo largo de las últimas campañas, una vez cerrada la temporada de pesca. Y con ello no quiero decir que haya que esquilmar salmones a tutiplén. Eso que quede claro. Los cupos están ahí y son los que son, gusten o no.
Por ello, pese a que las críticas de los conservacionistas no se harán esperar, aplaudo y apoyo, como ribereño y amante de nuestra cultura, la medida adoptada por las asociaciones de empresarios y comerciantes del área de influencia de la comarca de los Picos de Europa, desde Piloña hasta Llanes, pasando por Parres y Cangas de Onís, sugiriendo el levantamiento de la prohibición de las especies piscícolas. Sus señorías tienen la última palabra, en sus respectivos escaños en el Parlamento asturiano. Aún más, no me cogería en la cabeza que diputados elegidos por la circunscripción del Oriente lleguen a votar negativamente en ese punto concreto.
Conste, y quede claro, que la comercialización del salmón, trucha y reo -podría ampliarse a la anguila y también a la lamprea-, debe conllevar mayores medidas de vigilancia de nuestras cuencas fluviales para luchar contra el furtivismo. La actual guardería se ha quedado raquítica para cubrir y controlar toda la ribera, de punta a cabo. Y no es cosa de ahora, ni mucho menos de rabiosa actualidad. Viene arrastrándose desde hace mucho tiempo ese dilema. Cierto es que hacen falta más y mejores medios para el personal encargado de velar por nuestros ríos, con independencia de que se autorice o no la comercialización de las especies piscícolas. Quizás habría que empezar por ahí, es decir, plantearse la propia Administración regional el incremento de efectivos para evitar que los desaprensivos actúen a sus anchas.
