Alguien pide licencia para construir algo ilegal. El dirigente municipal de turno concede el permiso (en ocasiones con el respaldo de informes técnicos y jurídicos, en ocasiones por el convencimiento de que los votos dan la razón). Si alguien denuncia (la mayoría de las veces todo el mundo silba y cuela) empiezan los procesos penales: contencioso administrativo y penal. Pasan años (a veces más, a veces menos) y con suerte se acaba derribando lo ilegalmente construido. Vuelta a los juzgados, por la vía civil, para reclamar responsabilidad patrimonial e indemnizaciones por daños y perjuicios. Si da la casualidad (nunca mejor dicho) de que hay algún responsable penal solvente, a por él. Si no, a por el ayuntamiento, que quizá ya esté en manos de otro partido o de políticos ajenos al "asuntu". Eso sí, siempre acaban pagando los ciudadanos. O los hijos de los ciudadanos. Y en este caso no se puede renunciar a la herencia. ¡Maldito impuesto de sucesiones!
