Patrimonio del Estado afirma que la iglesia de San Antolín de Bedón es privada, y no pública ni bien vacante. Podría serlo, si hubiera un papel que demostrara que alguien la compró al Estado, tras su desamortización, en 1820. No lo hay. Pero en este caso, como hay "poseedores de la finca" que alegan tener "un derecho de propiedad", la legislación española -según el Estado- obliga a actuar por pasiva; esto es, a demostrar que los derechos de propiedad no son ostentados por los alegantes. Y eso es muy complicado, pues algunos documentos han desaparecido, y otros (cuadernos particionales, escritos de la Administración...) sí señalan posibles derechos de posesión sobre el monumento de los dueños de la finca que lo rodea. Dado que existen intereses contrapuestos, el asunto debería ser dilucidado en los tribunales, pero Patrimonio del Estado insiste en que no es posible. Ese organismo siempre ha jugado a lo mismo, pese a su nombre.
