El parque nacional de los Picos de Europa vive su segunda refundación, después de la de 2011, cuando hubo que adaptarlo a las sentencias del Supremo y el Constitucional que dieron la gestión exclusiva de estos espacios a las comunidades autónomas y delimitaron las funciones del Estado, que hasta entonces había gobernado en solitario. Es verdad que el sistema de gestión implantado en los últimos años no ha funcionado y ha conseguido el rechazo unánime de todos los sectores implicados, incluido el ganadero y el ecologista. Ahora se plantea una nueva fórmula, que da más autonomía a las comunidades en la gestión del día a día, tal y como llevaban años recamando Cantabria y Castilla y León. Si este sistema conduce a la desmembración del Parque, como temen los ecologistas, se verá en muy poco tiempo. Si así fuera, la obligación del Estado sería intervenir. Es su papel, según los tribunales.
