El problema, como suele, es la falta de transparencia. Hacer las cosas a espaldas de la gente, como si hubiera algo que ocultar, casi siempre tiene consecuencias negativas. No es de recibo que las alcaldesas de Caravia y Ribadesella y el patrón mayor de esta última localidad se enteren por los medios de comunicación de que una empresa privada pretende ubicar en la zona una mejillonera, una explotación de acuicultura extensiva. Es posible que sea segura y que no perjudique al turismo, puede que no provoque impacto visual alguno e incluso hasta que favorezca la actividad pesquera, pero lo que no es cierto es que la ubicación se decidió por consenso. Porque consenso es un acuerdo alcanzado por consentimiento entre todos los implicados. Y aquí no se ha contado con mucha gente, ayuntamientos, colectivos y cofradías incluidos. Eso sí, aún hay tiempo para arreglarlo. Informando, explicando...
