Existe cierta confusión en algunos ámbitos (no precisamente espaciales homogéneos) sobre los distintos caminos judiciales del "caso Kaype". Ya quedó definitivamente cerrada la vía del contencioso administrativo, que fue la que determinó la nulidad de las dos licencias municipales concedidas a la propiedad y, en consecuencia, la demolición de todo lo construido al amparo de esos permisos. Ahora se está dilucidando la vía penal, que es la que establece si existió algún delito de ese tipo durante la tramitación del proyecto. Aunque en una fase del proceso hubo más investigados, finalmente solo ha sido acusado un exfuncionario llanisco, como presunto autor de un delito de prevaricación urbanística. Una vez concluida esta vía podrá iniciarse la civil, que es la que dictará si hay indemnizaciones por daños y perjuicios. Y sí, puede haber responsables civiles que no hayan cometido delitos penales.
