Un gobierno de izquierdas no puede adoptar medidas que afecten a trabajadores y trabajadoras sin un proceso previo de pacto social y sindical. Es así de sencillo. Si no lo hiciéramos de esta forma ¿dónde quedarían todas aquellas proclamas electorales sobre "gobernar con la gente"? El empleo afecta al núcleo vital de las personas, a su identidad, a su proyección futura, a su familia, a su libertad e incluso a sus derechos políticos. Un gobierno de izquierdas pierde su naturaleza cuando adopta medidas laborales siendo conscientemente insensible a sus efectos sobre los trabajadores y sus familias.
El gobierno local tiene como objetivo irrenunciable remunicipalizar servicios públicos, cuya privatización por parte de la derecha ha sido y es perjudicial para los intereses públicos. No hay dudas sobre este objetivo, lo que tenemos que decidir es cómo lo abordamos. Este cambio acarrea un nuevo modelo de gestión y de relaciones laborales. Los servicios que pasarán a ser públicos tendrán una plantilla pública. Es legalmente evidente, y por eso queda fuera de toda discusión, que nadie puede entrar a trabajar al servicio público violentando los principios de igualdad, mérito y capacidad. No obstante, la izquierda política está directamente conectada a los intereses de los trabajadores y trabajadoras y por eso no podemos ir a un modelo de reconversión del sector público local con total despreocupación sobre los efectos que padecerán aquellos que decimos defender y representar.
Son personas que llevan décadas trabajando para la ciudad y tienen que ver que protegemos su principal derecho: la seguridad laboral, la capacidad para mirar al futuro con tranquilidad. La propuesta de IU se asienta en el sentido común. En primer lugar, tiempo para estudiar todos los efectos de las remunicipalizaciones, llevando al Pleno los efectos económicos, sociales y administrativos de estas decisiones. Segundo, apertura de un proceso de diálogo y pacto con los sindicatos para que cada situación se estudie, si es necesario, caso por caso. Este diálogo lo están pidiendo los sindicatos en todo el Estado ante procesos similares. El gobierno local no puede actuar como lo haría un consejo de administración despolitizado, somos responsables políticos, nuestra mirada ha de llegar mucho más allá de los efectos administrativos, ese es nuestro trabajo.
En definitiva, la resolución del problema ha de ser conjunta con la gente, con los trabajadores. Esa era nuestra seña de identidad cuando conformamos un gobierno de cambio. Existen salidas no traumáticas, hay que establecer ritmos adecuados y tener la suficiente inteligencia política para no generar conflictos innecesarios causados por decisiones apresuradas. No se puede gobernar "por el pueblo y para el pueblo" y hacerlo sin el pueblo. Negociemos con las personas afectadas, dialoguemos con otros ayuntamientos de cambio que están afrontando el mismo problema. Toda reconversión laboral es compleja y no puede abordarse desde categorías y proclamas simplistas y simplificadoras. Como antes decía, el acceso al sector público y a la administración sólo tiene una puerta que es la de la transparencia y la igualdad de oportunidades. Nadie lo cuestiona, pero junto a esa infranqueable regla, existen soluciones.
