Los trabajadores que prestamos actualmente el servicio de recaudación del Ayuntamiento de Oviedo queremos dar a conocer nuestra perplejidad ante la falta de sensibilidad social de la que hace gala el tripartito ovetense.
A consecuencia de la denuncia del contrato del servicio de recaudación, nos abocan irremediablemente al paro. Se escudan en decir que es un problema de la empresa, que cuando ganó el concurso en el 2011 sabía que era con una duración de cuatro años ? Basta ya de publicar información sesgada, el empresario que presta actualmente el servicio y, que ganó por primera vez el concurso en el año 2008, se vio obligado a subrogar a los trabajadores de las anteriores empresas prestatarias del servicio, por lo que ha asumido una plantilla con una antigüedad superior a 18 años. No contrató personal en el 2011 con un plazo de duración de cuatro años como quieren hacer ver.
No nos oponemos a la municipalización de los servicios públicos, pero ésta no se puede llevar a cabo con precipitación y con improvisaciones. Entendemos que esta labor debe efectuarse con "tranquilidad" contando con el debido asesoramiento técnico y jurídico, y por supuesto, con los trabajadores. Solo así se podrá determinar cuál es el mejor modelo, un modelo en el que prime la prestación de los mejores servicios públicos a los ciudadanos con los menores costes posibles. No queremos ser conejillos de Indias de abanderados de municipalizaciones. Parece que el destino final de esta supuesta "municipalización" es la adjudicación directa, a cambio de un precio, al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias. En este caso no se está produciendo la municipalización del servicio, sino que se procedería a la adjudicación directa a un órgano administrativo ajeno al municipio, perdiendo toda intervención municipal en la forma de gestionar la recaudación de los tributos. En este supuesto, ven a todas luces la ilegalidad de asumir la plantilla de trabajadores que actualmente prestamos el servicio, lo que para nosotros resulta incomprensible, pues el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias participó en el concurso público en 2011, asumiendo en aquel momento la cláusula de subrogación de los trabajadores que figuraba en los pliegos de condiciones y ahora, se opone a dicha subrogación alegando causas de ilegalidad. Debemos preguntarnos si tales causas existían en el 2011 cuando realizó su oferta.
Esto nos demuestra, una vez más, que el Principado no siempre tiene tan clara la normativa. De otra forma, no se entendería por qué nombró, al menos, doce directores generales que no eran funcionarios de carrera y mucho menos del grupo A, como requerían los puestos para los que fueron designados, entre ellos el de la ahora número dos del PSOE en el Ayuntamiento, Ana Rivas, cuyo nombramiento fue anulado judicialmente no una, sino en dos ocasiones. Anulaciones que el Principado recurrió (y perdió) en todas las instancias, Tribunal Supremo incluido, con el objeto de agotar ambas legislaturas sin cesarla, de todo lo cual se hizo eco la prensa regional.
Ahora nos dicen: "sólo les queda demandar al Ayuntamiento", de nuevo una manera de quitarse el problema de encima, retrasarlo para que luego tengan que ser los servicios jurídicos, que todos los ciudadanos pagamos, quienes tengan que defender ante los tribunales de justicia una decisión política a todas luces errónea.
No entendemos cómo podemos ser tratados de meros daños colaterales, intentando implantar un modelo de gestión cueste lo que cueste, no mostrando la más mínima sensibilidad por nuestra situación personal y laboral, como ya se nos ha transmitido por parte de la portavoz del grupo socialista. Nos sentimos utilizados en esta guerra política de acabar con todo el sistema anterior, de la que somos totalmente ajenos. Lo único que llevamos haciendo en todos estos años es trabajar para el Ayuntamiento e indirectamente para todos los ciudadanos de Oviedo.
Estudien señores, soliciten los informes que sean necesarios, valoren diversas soluciones, no nos arrollen con sus decisiones y si la adjudicación al Ente Tributario no reúne o no cumple con ese objetivo de equilibrio entre la conservación de los puestos de trabajo y la calidad del servicio público, descártenla. Existen otras fórmulas.
Es sólo una cuestión de voluntad política. Ahora que precisamente gobierna un tripartito de izquierdas y que sus componentes se cansaron de decir que serían sensibles con los trabajadores, con la gente, el paro, el mantenimiento del empleo, etc... tenemos que mostrar nuestra perplejidad porque sean precisamente ellos los que provoquen el despido de 42 personas, la ruina de 42 familias. Serán 42 despidos provocados única y exclusivamente por una decisión política de tres partidos que se dicen de izquierdas. Luego nos recibirán en la Junta, nos propondrán que llevemos a nuestros hijos a los comedores escolares gratuitos y tal vez hasta nos acompañen cuando tengamos que plantarnos ante los desahucios de nuestras viviendas por no poder hacer frente a las hipotecas. Con un cinismo político intolerable boicotean a otras empresas como el hotel de La Reconquista o Coca Cola con motivo de despidos laborales, boicot al que en ninguna forma nos oponemos, pero quizá deberían aplicárselo a ellos mismos, pues están dejando en la calle a sus propios trabajadores.
Detrás de nosotros se supone que irán los trabajadores de otros servicios privatizados (limpieza, parques y jardines?). Eso supondrá dejar una ciudad llena de parados, pero ¿se imaginan al Alcalde diciéndoles a los trabajadores del servicio de limpieza, por ejemplo, como nos ha dicho a nosotros, que no hay encaje legal para subrogarlos, que sería injusto, que los van a dejar en paro y que lo que tienen que hacer es preparar oposiciones? Estamos seguros de que en otros casos sí habrá voluntad política y sí se encontrarán los mecanismos adecuados para no dejar a la gente en la calle, nos tememos que seremos los únicos en pagar las consecuencias negativas de esta supuesta remunicipalización, y eso sí que es injusto señor Alcalde. El Alcalde ha manifestado en varias ocasiones que mantener nuestros puestos de trabajo no sólo sería ilegal, sino injusto, queremos decirle que lo que es injusto es perder el trabajo única y exclusivamente por una decisión política. No pedimos ser funcionarios, sino solamente mantener nuestro puesto de trabajo. Y hay fórmulas legales para ello. El alcalde lo sabe.
Del mismo modo que los tres partidos de izquierda que gobiernan en el Ayuntamiento tienen claro y llevaban en sus programas que la recaudación y los demás servicios privatizados tienen que ser públicos, también deberían tener claro que es su obligación ineludible mantener el empleo. A eso también se comprometieron.
Los trabajadores de recaudación no cejaremos en nuestro legítimo derecho a defender nuestros puestos de trabajo, pese a las cortapisas que venimos sufriendo de un gobierno al que se le llenaba la boca al manifestar que nuestro municipio estaba libre de la ley mordaza. Para ello advertimos de que continuaremos con todas las movilizaciones que sean necesarias hasta sus últimas consecuencias.
No queremos terminar sin dar las gracias a los cientos de ciudadanos, incluidos los que diariamente atendemos en nuestra oficina, que nos muestran su apoyo y comparten nuestra perplejidad por los argumentos que se dan para tratar de justificar lo injustificable. Agradecimientos también a UGT, PP y Ciudadanos por el apoyo que nos están prestando y muy especialmente a IU, que perteneciendo al equipo de gobierno, y llevando en su programa electoral la municipalización del servicio, no está dispuesta a hacerlo a cualquier precio.
Escrito firmado por Ángel Fernández, Iris Pereda y María Jesús Castiñeira en representación del colectivo de trabajadores del Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Oviedo
