El lento camino hacia la igualdad

Entenderán mi falta de entusiasmo a la hora de valorar y hacer balance sobre la igualdad en el mundo del derecho en general y muy particularmente en el de la abogacía al que represento. Es evidente que hemos avanzado enormemente. Atrás queda la proeza de Concepción Arenal, que, en 1841, tuvo que disfrazarse de hombre para poder asistir, en calidad de oyente, a clases en la Facultad de Derecho; atrás quedan también las sufragistas del XIX, todo el movimiento feminista de principios del siglo XX. Lejos queda Clara Campoamor, a quien debemos el voto femenino, en 1931, que, además, era abogada; como lo fueron Victoria Kent, M.ª Asunción Chirivella y María Telo, entre otras valientes de la época dispuestas a perseguir sus ideales. Todas ellas, nuestras antecesoras, luchadoras incansables por la igualdad, estarían encantadas de vernos con las togas puestas, ejerciendo sin mayores trabas. Pero, ¿qué quieren? A mí me resulta tediosamente lento el transcurso de tanto tiempo para conseguir algo que es de justicia: la igualdad. Hace poco más de un mes que Victoria Ortega Benito fue elegida por mayoría absoluta como presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, convirtiéndose así en la primera mujer que dirige el órgano de poder y decisión de la abogacía de este país. Han tenido que pasar 73 años, desde la creación de esta institución, para que al frente se sitúe una mujer. Esta situación resulta más incomprensible cuando se trata de un sector como el nuestro, altamente feminizado. Hoy en día, las aulas de las facultades de Derecho están ocupadas por un elevado porcentaje de mujeres que suelen obtener brillantes resultados en sus estudios y mejores expedientes académicos que sus compañeros. Pero cuando estas mujeres se incorporan al mercado de trabajo, la realidad que se encuentran es que los "grandes despachos de abogados", las firmas de reconocido prestigio se hallan mayoritariamente dirigidas por hombres, y el porcentaje de mujeres socias, en esos despachos, es sólo de un 15,7 por ciento. Y en el ámbito privado tampoco compiten en igualdad de condiciones, debido a la atención a la vida familiar, que habitualmente recae sobre ellas. Siguiendo con cargos de responsabilidad, y al margen de la presidenta, a la que hemos hecho alusión anteriormente, el panorama es desolador; si hablamos de decanas en España, de un total de 83 colegios, únicamente once de ellos se encuentran a cargo de mujeres, lo que supone un porcentaje muy por debajo de la mitad, que sería lo deseable. Sin embargo, el CGAE comienza esta nueva era con un claro mensaje: las mujeres en el mundo del derecho están pisando fuerte. Si bien coincido plenamente, no podemos olvidar la lentitud en el avance, el tristemente famoso techo de cristal, que de alguna manera establece que el poder nos está vedado. Otro claro ejemplo lo constituyen las mujeres en la judicatura; representan el 51,9% de la carrera judicial, aunque son pocas las que alcanzan cargos de máxima responsabilidad en la magistratura. Sólo el 11,3% de los puestos del Tribunal Supremo es ocupado por mujeres. Y nunca una mujer ha accedido a la presidencia del mismo ni a la del Consejo General del Poder Judicial. Lo anterior es tan sólo una muestra de lo que sucede si dejamos a la espontaneidad y a la propia evolución de los acontecimientos lograr la proporción adecuada entre hombres y mujeres en cargos de responsabilidad, dirección y gestión. Me parecen suficientes razones de peso para entender que es preciso tomar medidas que favorezcan el equilibrio entre hombres y mujeres, estableciendo cuotas, imponiendo la paridad en los órganos de decisión de los colegios de la abogacía y en su órgano superior. Favoreciendo, en definitiva, el acceso de mujeres al poder.