Para una buena parte de la ciudadanía los últimos días lo han sido de vacaciones, quizá un respiro necesario para consumir el tramo final de esa senda que nos lleva al descanso estival. Para otros, sin embargo, han sido días que se han vivido con una particular intensidad al comportar una especial significación religiosa que además, en nuestra ciudad, se ha visto rodeada por cierta polémica en torno a algunas decisiones adoptadas por el gobierno municipal.
Finalizada ya la Semana Santa, me ha parecido oportuno compartir esta reflexión, sabiendo que el clima temporal en el que se formulará no será percibido como una falta de respeto a quienes profesan un determinado credo, pues es lo último que deseo.
Vivimos en un país en el que el hecho religioso ha formado parte intrínseca de su historia, con todo lo bueno y lo malo que ello ha podido conllevar. Otro tanto puede decirse de nuestro maltrecho continente, que ha convivido con el fenómeno con la trascendencia que el mismo ha tenido para su cultura y con la conflictividad que también ha generado en las relaciones humanas. Es un hecho obvio que nuestras raíces pueden encontrarse, como muchos sostienen, en el cristianismo, pero también en la Grecia clásica, en Roma, en el humanismo renacentista, en el racionalismo o, por qué no decirlo, en el Siglo de las Luces que alumbró la Ilustración. Europa, con su historia, es hoy un crisol en el que conviven pueblos, credos y convicciones, algo que sin embargo no puede hacernos olvidar que también ha sido un campo de batalla en el que los dogmas, políticos y religiosos, se han confrontado abiertamente arrastrando a un tiempo desgracia y tragedia a las generaciones que nos han precedido.
Nuestro país no ha sido ajeno a este proceso y el aprendizaje que para la convivencia comporta admitir la existencia de una creencia distinta a la propia resulta complicado. Esa asimilación de la diferencia tiene una profunda relación con la laicidad, en tanto que ésta es una herramienta que pretende garantizar la convivencia desde la neutralidad más escrupulosa de los poderes públicos para con la dimensión religiosa y espiritual del ser humano.
Dado que el principio como tal se enfrenta a posiciones dogmáticas articuladas desde diferentes credos, pueden leerse y oírse con frecuencia diatribas furibundas que nos hacen pensar más en una antirreligiosidad o un anticlericalismo agresivos. No ayudan en este sentido quienes agreden u ofenden a quienes profesan una creencia o albergan un sentimiento religioso, pues la laicidad no es sino una manifestación pura de la tolerancia y la forma de preservar el pleno respeto a la libertad de conciencia; a creer o a no creer; a asumir que todo credo es respetable.
En el contexto expuesto encuentran precisamente su razón de ser algunas medidas políticas y también algunas reivindicaciones, reveladoras precisamente de un hecho innegable como es el cambio experimentado por la sociedad española desde que entrara en vigor el texto constitucional. Defender la laicidad como concepto no significa combatir religión alguna, sino únicamente diferenciar entre lo que es un espacio público, el de las instituciones, y uno privado, el de las creencias individuales que, merecedoras de todo respeto y protección, no pueden regir sino única y exclusivamente la conducta de quienes las profesan.
¿Por qué en Oviedo la Policía Local no ha escoltado uniformada de gala algunos de los pasos que han recorrido las calles de la ciudad durante la Semana Santa? ¿Por qué la participación de algunos bomberos lo ha sido a título exclusivamente personal y no en representación del Servicio? ¿Por qué el Alcalde o un grupo de concejales no participan en celebraciones religiosas? Por respeto. Sí, por respeto a quienes en una sociedad compleja tienen convicciones de todo tipo. Porque los cuerpos de seguridad de los que una comunidad se dota, su administración pública y sus representantes, lo son de todos y para todos, razón por la que su neutralidad es obligada.
Quizá haya quien piense en que la respuesta a dar podría ser el coste económico de esos servicios de carácter extraordinario, pero entiendo que hay que ir mucho más allá de la mera dimensión económica de las cosas. Un uniforme es la administración misma, es la forma en que una sociedad en su conjunto expresa una de las dimensiones de su soberanía y excede, en lógica consecuencia, el ámbito de las creencias de quien lo porta, más aun si cabe en un Estado como el nuestro, que en el momento actual carece de religión oficial.
No desconozco que esta posición, asimilada unas veces y discutida otras en países de nuestro mismo entorno, ha de formar parte de un debate que se entreteje en torno a la cuestión religiosa en nuestro país. Está de más decir que toda confesión tiene un derecho indiscutido a manifestarse públicamente, y desde ese punto de vista las administraciones han de hacer lo necesario para que ese derecho pueda materializarse. No creo que llegados a este punto nadie tenga queja en nuestra ciudad a este respecto, pero mucho menos creo que pueda imputarse a nadie una voluntad anticlerical o antirreligiosa o que sea admisible cierta tentación latente de convertir lo religioso en institucional invocando la costumbre.
Soy consciente de que algunos de los pasos dados han podido molestar en algunos estamentos largamente acostumbrados a un sistema consuetudinario en el que lo público y lo confesional se han venido confundiendo. Pero existe otro planteamiento y otro modo de ver la realidad respetuoso y perfectamente asumible, que considera que es posible que en una misma sociedad convivan sin privilegio de ninguna índole credos y convicciones y donde el poder público pueda garantizar que cada individuo tenga la posibilidad de desarrollar libremente su personalidad, vivir su propia naturaleza y disfrutar de su propia existencia sin verse constreñido por ninguna convicción ajena.
