Los españoles ya no nos levantamos al toque de diana en estos inicios de siglo. Aquel toque "alegre y español" ha sido sustituido por el "toque" de escándalo, como día a día comprobamos a través de prensa, radio, televisión y redes sociales, mientras en nombre de la libertad de expresión se justifica la "estrellada" y se prohíbe la histórica bandera de España, aquella que está grabada en el texto constitucional original del régimen del 78.
Desayunamos, el que puede, pues millones de españoles tienen que hacer sus comidas en centros de la sociedad civil española, con el nuevo escándalo del día, en un desfile continuo de negocios jurídicos ilícitos, típicos o atípicos, protagonizados por la élite dirigente de nuestra patria, que ha plasmado como propias las peores conductas del Antiguo Régimen, retrocediendo en el tiempo hasta las sociedades secretas, como se denominaban, en origen, las sociedades anónimas y, tal parece que la viabilidad de las compañías mercantiles está en manos del poder público, dependiendo de la voluntad de un nuevo Luis XVI, que no se contenta con disolver y apropiarse de las compañías, pues el producto de la "nacionalización" no revierte en los ciudadanos, sino que engrosa las cuentas de sociedades pantalla cuyos propietarios prefieren la opacidad fiscal, naturalmente.
En la doctrina jurídica española, la traducción por Puig Brutau de la obra de R. Serik "Apariencia y realidad en las sociedades mercantiles" cristalizó el debate sobre la doctrina del "disregard" del sistema del Common Law. Efectivamente, la jurisprudencia americana había formulado la teoría del "disregard", por la cual los tribunales pueden prescindir o superar la forma externa de la persona jurídica para, penetrando a través de ella, alcanzar a las personas y a los bienes que se amparan bajo su cobertura o, lo que es lo mismo, la conocida teoría del "levantamiento del velo", es decir, el desarrollo de la vieja creación jurisprudencial que autorizaba a "correr el velo de la forma de la persona jurídica" que, en nuestra doctrina y jurisprudencia, Puig Brutau y F. de Castro denominaron "doctrina de terceros " y "ruptura del hermetismo de la persona jurídica", admitida plenamente por nuestra jurisprudencia, por todas STS de 28 de mayo de 1984, con fundamento en los artículos 6.1 y 4, 7.1 y 2 del Código Civil y el artículo 10 de la Constitución española.
Pero, como siempre, la sociedad evoluciona con más rapidez que los ordenamientos jurídicos y no sólo en la deformación del concepto de la persona jurídica, en la actualidad, se está deformando el concepto de las instituciones, tanto públicas como privadas, desde el concepto de derecho a la propiedad privada y a la herencia (con impuestos y tasas confiscatorios que lo convierten en una utopía), al derecho a la vida o a la institución más básica y natural como es la familia e incluso el derecho a la libertad de expresión. Con respecto a éste último, no existe derecho más cualificado que el de la libertad de expresión de un abogado ejercitando el derecho de defensa, pero tiene que utilizarse en el marco de la función y los fines de la misma, siendo válidos todos los argumentos y razonamientos destinados a conseguir la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, quedando fuera del mismo el insulto y la descalificación.
Una vez más, en el Vicente Calderón, el derecho a la libertad de expresión se ha convertido en un ataque a nuestro Himno y a nuestras instituciones, convirtiendo el legítimo derecho a discrepar en un acto ilícito y, lo que es peor, de mala educación y totalitarismo, con el agravante de haber sido promovido por ciertas instituciones que cobran del Estado o de los impuestos de los españoles, que pagan la "fiducia cum amico" en este negocio fiduciario en que se ha convertido la auténtica libertad en España, pues la deformación de las instituciones produce que los cantos de derechos individuales reconocidos en la Constitución del 78 no se cumplan en millones de hogares españoles, esos como el derecho a la vida, a un trabajo digno, a una educación real y despolitizada, pues el "negocio jurídico" constitucional no es pleno como aparece ante los españoles, sino que se basa en el secreto pacto de fiducia entre los poderes fiduciante y fiduciario y, así, hemos cedido nuestra soberanía económica y monetaria y, al parecer, también, por un "plato de lentejas", la dignidad del hombre y el derecho.
Y, al final, cuando se desnaturalizan las instituciones, cuando se deforman y retuercen sus conceptos y principios, agoniza el derecho y surge el Estado totalitario, muere el razonamiento lógico y jurídico, se extinguen las formas y queda la grosería, el insulto y la soberbia como argumento y ley, pero nunca el derecho.
