Cree uno que vive en un país donde determinadas cosas, como tomar un autobús, están garantizadas, hasta que Cristóbal Montoro le sitúa bruscamente en la realidad: no, no lo están. Este señor de apariencia modesta, que cualquiera se puede encontrar en la cola del banco, o en la pescadería, es un peligrosísimo extremista, que se agarra a la letra de la ley que ellos mismos diseñaron para anunciar por doquier el cierre de empresas públicas municipales, con la excusa del equilibrio financiero. En Asturias ha lanzado dos cartas que han caído como misiles sobre los desprevenidos ciudadanos: a Mieres le quiere cerrar la empresa de autobús urbano, y a Gijón, la de autobús, la de festejos y la de vivienda. Alega Montoro que son empresas deficitarias, como si los servicios públicos no fueran, por definición, deficitarios: para eso pagamos impuestos, señor Montoro, para afrontar como comunidad los costes de los servicios de los que hemos decidido dotarnos.
Pero Montoro no sufre un rapto de locura cuando decide echarse al monte y ponerse a cerrar empresas municipales, incluso de ayuntamientos con superávit. Sigue la hoja de ruta del PP, que tiene una estrategia perfectamente definida para acabar con los servicios públicos no privatizados, y buscar así nuevas ocasiones de negocio. Ha empezado por los ayuntamientos, porque quiere ahogar y bloquear cualquier capacidad de actuación de la administración local, impedir cualquier cambio que se impulse desde los municipios, tras perder en mayo del año pasado numerosas alcaldías. Es una medida perfectamente ideológica, ya que sólo afecta a las empresas públicas. Si el servicio está privatizado, aunque cueste un riñón, a Montoro no le molesta. El único problema que tiene el PP con el gasto público es que las grandes empresas no se lleven una parte del pastel.
El PP lleva décadas repitiendo como un mantra que todo lo público es ineficiente y cutre, y que sólo el sector privado puede evitar el despilfarro. Los datos objetivos, sin embargo, están ahí, y son indiscutibles. Basta echar un vistazo a dos modelos opuestos y cercanos, el del transporte urbano de Oviedo y de Gijón. En nuestra ciudad, regida durante décadas por el PP, el servicio de autobuses lo presta TUA, del Grupo Alsa. En Gijón, la empresa municipal Emtusa, a la que Montoro quiere echar el cierre. En ambos casos el servicio es deficitario, es decir, lo que pagan los ciudadanos por el autobús no cubre el coste, así que la administración local asume la diferencia. En el caso de Gijón, cada vecino asume un coste de 31 euros al año por un servicio que atiende anualmente a 18 millones de viajeros. En el de Oviedo, esa cifra se incrementa a 40,7 euros por residente, cuando además los autobuses de TUA mueven 11,27 millones de viajeros, muchos menos que en la ciudad costera. Sin embargo a Montoro y al PP, el modelo privatizado aunque ocasione más gasto público, ofrezca un menor servicio y ofrezca peores condiciones laborales, le parece perfectamente viable, no le genera ninguna inquietud, mientras que el público es una amenaza que exige la amputación.
