En esta misma semana en la que todos los asturianos hemos celebrado la festividad de Nuestra Señora de Covadonga, el Día de Asturias, el pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha decidido incluir nuestra ciudad en una incipiente y desconocida red de municipios laicos. Sin unanimidad, han considerado más importante involucrar a los ovetenses en sus viejas batallas contra la religión, singularizadas en los últimos años por la católica, que resolver los problemas y las necesidades de los ciudadanos. Porque, ¿se encuentra la relación entre España y la Iglesia católica entre las principales preocupaciones de los ovetenses? ¿Tiene competencias el Ayuntamiento para cambiarlas? Y, lo que es más grave en términos municipales, ¿en qué se apoyan, además de en sus intereses partidistas, para unir Oviedo a una red que tiene por objetivo reglar sesgadamente la vida de todos los ciudadanos?

En una sesión plenaria en la que tacharon de discurso de caverna la intervención del PP por defender las libertades públicas de los ciudadanos, que, por supuesto, abarcan las de los representantes políticos, y en la que llegaron a repartir "carnets de cristiandad", quedó claro que los representantes del tripartito tienen serias dificultades para diferenciar lo público de lo privado, lo personal de lo político y los intereses generales de los partidistas.

No es mi objetivo en este artículo ejercer de defensor de las entidades religiosas de nuestra ciudad o de España, sino que, como responsable político, creo que debo manifestar mi rechazo a los intentos del actual equipo de gobierno municipal de reducir los espacios de libertad y cuestionar los derechos marcados por la Constitución.

Causan asombro las medias verdades y los disfraces terminológicos que han empleado para defender esta propuesta. Para empezar, hablan de defender una laicidad que ya está presente en la Constitución y en la realidad institucional y social de nuestro país, cuando lo que propugnan es un laicismo militante. Hablan de libertad religiosa cuando quieren eliminarla de la vida pública. Hablan de libertad cuando se vanaglorian de haber prohibido a los representantes de la Policía Municipal y de los Bomberos su participación voluntaria en las procesiones de nuestra ciudad. Incluso hablan de higiene democrática para justificar su apoyo a esta red, para que nadie cuestione que no acompañen a los vecinos en las celebraciones religiosas de San Mateo o de San Salvador, ni en las procesiones de Semana Santa. En este punto, conviene recordar que, una vez que ya ha transcurrido un año sin que lo hagan, los ovetenses no esperan que comparezcan, pero también vuelvo a manifestar que los concejales del Partido Popular seguiremos participando en las celebraciones religiosas públicas de nuestros conciudadanos.

Desconocen o manipulan la realidad hasta el punto de utilizar en defensa de sus tesis el rechazo del Papa Francisco a los estados confesionales. Por si acaso no es manipulación y es desconocimiento, aprovecho para explicar que España no es un estado confesional y que, con nuestra negativa a ser "municipio fundador" de esta red de desconocido coste, misteriosas implicaciones y beneficios dudosos, no defendemos que lo sea.

Sólo manifestamos nuestra convicción de que las religiones y su expresión individual y colectiva, además de estar amparadas por la Constitución, enriquecen nuestra sociedad y nuestra vida en comunidad.

La convivencia entre creyentes de distintas religiones, agnósticos y ateos, que en España se desarrolla desde siempre con normalidad, no supone ningún problema para quienes creemos en la libertad, pero parece que sí lo es para aquellos que defienden el igualitarismo por encima de cualquier diferencia y por encima de la libertad individual.

Las convicciones religiosas son legítimas y quedan protegidas por la Constitución. Sus intentos de hacer que solo sean válidas las convicciones ideológicas (y a poder ser solo algunas) no hacen más que atacar la libertad religiosa, ideológica y de culto de la que, para satisfacción de la mayoría, gozamos los españoles.