Desde hace tiempo, las listas de espera constituyen una preocupación constante de la ciudadanía asturiana, motivan titulares en los medios de comunicación y son objeto habitual de confrontación en el Parlamento regional. Es bien sabido que las demoras en la atención sanitaria son frecuentemente excesivas, en demasiadas ocasiones inaceptables, con consecuencias adversas para las personas, la sociedad y la salud individual y colectiva.
Aunque en el Servicio de Salud (Sespa) las esperas excesivas ya son una costumbre, estamos ante las peores cifras de la historia desde el traspaso de las competencias de sanidad. Un síntoma inequívoco del deterioro del sistema, de pérdida de equidad (no se espera lo mismo en todas partes) y de descrédito de la sanidad pública, como se comprueba con el trasvase de buena parte de la ciudadanía, incluso de aquellos que se ven obligados a un gran esfuerzo económico, hacia las pólizas de seguros y la medicina privada.
Las listas de espera son un grave problema, con la paradoja de que la sanidad pública tiene un dispositivo asistencial potente que consume cerca del 40 por ciento de los recursos del Principado. Por ello, en nuestra opinión, aunque los recortes y las denominadas políticas de austeridad hayan contribuido a empeorar la situación, hay que buscar otras causas, más allá de los presupuestos sanitarios, que expliquen la actual incapacidad del sistema para dar una asistencia con esperas razonables.
Una primera causa reside en las deficiencias en la gestión, un problema que es común a la generalidad de la Administración española. La gestión pública en nuestro país no entiende de transparencia o rendición de cuentas, es reacia a dar datos e información, y refractaria a la participación profesional o el control social. Así, se explican, entre otras cosas, los altos niveles de corrupción de nuestros gestores.
No sólo falta transparencia y participación. Es habitual que la gestión carezca de métodos de evaluación de su propia actividad. En el caso de las listas de espera no hay planes concretos de intervención sobre plazos, alertas, incentivos, penalizaciones... Es decir, no existe una metodología de evaluación que permita corregir los fallos, insuficiencias e incumplimientos que se producen. La sanidad pública no puede seguir por más tiempo sin evaluar su actividad, una condición imprescindible para mejorar las listas de espera, otorgar derechos efectivos a los pacientes y evitar derivaciones improcedentes al sector privado.
Más allá de la gestión, las cosas no van bien en el sistema sanitario público -como consideran más del 50 por ciento de los encuestados en el último CIS- porque determinadas tendencias (inerciales unas, neoliberales otras) han arraigado dentro de la organización y las políticas sanitarias. Nos referimos a las relaciones de poder que se asientan en el "gerencialismo", el "asistencialismo", el "hospitalocentrismo", el consumismo o la dependencia de la industria sanitaria. El sistema no va bien -el nuestro y el de otras comunidades autónomas- porque desde hace años necesita oxigenarse con transparencia, criterios éticos, profesionalización, evaluación o salubrismo. Esto es, corrigiendo las tendencias erróneas y estableciendo nuevas relaciones de poder en la organización y las políticas de la salud.
Por ello, entendemos desde la Plataforma que es necesaria una nueva Ley de Salud y Sanidad de Asturias. Un modelo público y universal renovado que apueste por la salud pública, la atención primaria, la democratización institucional o la independencia de la industria farmacéutica y tecnológica. Salir del atolladero de las actuales listas de espera no presupone únicamente una mejor gestión, por urgente que esto sea, sino políticas acordes con las necesidades presentes en la sociedad.
Nuestra propuesta es un amplio debate democrático y profesional; el consenso necesario para tomar decisiones; corregir las listas de espera y recuperar la efectividad y la legitimidad de la sanidad pública, cuyo deterioro no sólo es el estimulo más poderoso para el crecimiento acelerado de la medicina privada, sino para dejar abierta una autopista hacia la beneficencia sanitaria.
