El gobierno municipal tiene la legítima pretensión de que sea pública la recaudación: remunicipalizar, dice. Es un objetivo lícito y respetable. ¿Qué hacer con los trabajadores? No hay problema, nos decían, se buscará un acomodo en la solución jurídica que encontremos, dado que el deseo del gobierno municipal es el de respetar los puestos de trabajo y la defensa de lo público; ambas cosas. Todavía hoy lo siguen diciendo(¿?). El escollo que encontraban para hallar una solución a nuestro "problema" era el de cómo podíamos acceder a la Administración sin ser funcionarios, algo que no es nuestro propósito: nosotros ya estamos trabajando.
Se nos dice que no se encontró acomodo para nuestros puestos de trabajo en la solución jurídica encontrada. Esto significaba, en consecuencia, que sí que existía una solución jurídica para la remunicipalización, aunque en ella, lamentablemente, nosotros no cabíamos. Pero? ¡caramba!, resulta que finalmente descubrimos que tampoco hay solución jurídica para remunicipalizar; los trabajadores no somos el obstáculo. El problema es que la oferta de empleo pública está congelada para cumplir con los límites de endeudamiento de las Administraciones y el mandato legal de corrección del déficit público. Durante el año 2016 no se puede contratar personal temporal, ni nombrar personal estatutario temporal, ni funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. Y esta remunicipalización ni es un caso excepcional, ni es urgente, ni es inaplazable.
Oviedo, un cómodo laboratorio para dudosos experimentos. Admite el equipo de gobierno que no puede conseguir su fin, pues tendrían que incumplir la ley (de ello se han quejado en días pasados en Madrid) ya que el marco legal estatal actualmente vigente no lo permite. Habla, sin sonrojo, de torear la norma estatal. En sus simposios y jornadas sobre remunicipalización admiten sus propios ponentes que no hay un marco legal propicio. No encuentran ni un solo instrumento para poder hacerlo. Concluyen que, hoy por hoy, no se puede hacer nada, salvo abrir camino con procesos no conflictivos. Y reconocen que estos procesos sólo son efectivos con el respeto a los trabajadores de las contratas ya que, si no, están abocados al fracaso. Parece lógico, humano y acorde con los principios ínsitos en el ADN de las organizaciones políticas que lo predican. Donde se ha hecho, ha sido respetando a los trabajadores, sin judicializarse. ¿Por qué ese empecinamiento? ¿En Oviedo somos diferentes? ¿O aquí somos ciudadanos de segunda con los que se hace lo que en ningún lugar de España se atreve nadie a hacer? Parece que nos toca ser las cobayas de un macabro y cruel experimento. Nuestra indefensión es total.
La vía de los hechos. Sigue adelante, incumpliendo la ley y despreciando a los trabajadores de la contrata. Es de suponer que después lo harán con parques y jardines, recogida de basuras, agua, alumbrado público, grúa? (preparaos compañeros). Aquí, en Oviedo (la jaula del experimento en la que corremos los ratones a exterminar) no se respetan los derechos de los trabajadores de las contratas y se destruirá empleo estable por voluntad política. Incomprensible e intolerable. Recapaciten.
¿Qué pasa ahí dentro?. El último y sonado episodio del equipo de gobierno ha tenido la inestimable colaboración de la abogacía consistorial, o de alguno de sus miembros, quien excéntricamente, ha sido capaz de emitir un apresurado informe que casualmente resultó ser del entero agrado de dos de los miembros del tripartito (parece ser que uno de los partidos gobernantes pretendía la suspensión de los exámenes, en consonancia con la opinión de los más altos funcionarios). Justo pasadas las tres de la tarde del viernes, separándose de la jurisprudencia imperante en la materia y de los propios precedentes municipales (siempre hasta ahora, en todos los casos, el Ayuntamiento había esperado a que el juez competente resolviera sobre la petición de medida cautelar), se encuentra aparentemente un argumento técnico para no suspender el proceso.
No obstante, el informe dista de parecer técnico y su contenido más parece político. Identifica la remunicipalización del servicio con el interés público municipal a proteger, por encima de la existencia del propio servicio. Resulta una extralimitación y un juicio extravagante, dicho sea con todos los respetos, y pone los pelos de punta. Sólo puede ser un error. Justo se supone que lo que el interés público demanda es que el servicio esencial tenga continuidad y funcione eficaz o adecuadamente, por lo menos, como hasta hoy viene sucediendo, independientemente de su forma de gestión. Es decir, el interés público a proteger es que el servicio de recaudación exista y funcione sin interrupciones, facilitando los ingresos al Ayuntamiento para la consecución de otros fines públicos, no la forma (municipal o no, ambas legales y legítimas) en que se preste. Esa es una cuestión política, no de interés público.
¿A nombre de quien irá la factura de este disparate? . El tripartito parece que nos acepta como simples daños colaterales de su tablero de estrategias?pero somos personas, trabajadores, y se nos está menospreciando. Esperamos una valiente, coherente y sensible reacción final del conjunto del tripartito. El intento de remunicipalización, en la forma y tiempo en que se está gestando, está condenado al fracaso: lo saben, sean valientes y párenlo. Háganlo con garantías y muestren después su logro con orgullo. Pero, por favor, no creen falsas expectativas a unos, arruinen la vida de otros y hagan pagar a todos los ovetenses su obstinación. Todo esto es innecesario. La situación, más allá de ser inquietante, da miedo. Todo ello pudiera llevar a los ovetenses a un nuevo "Villa Magdalena". Nos costará dinero a todos y, en su día, llegado el caso, habrá que exigir responsabilidades a quien las tenga.
¿Por qué no esperar entonces a una resolución judicial del conflicto? ¿No puede seguir el servicio como está a la espera de que ésta llegue? ¿Por qué lanzar a los trabajadores al despido y al servicio a la zozobra o a la interinidad? No le vemos explicación.
En resumen, está muy bien que se quiera "remunicipalizar el servicio", pero cuando se pueda y como se deba. Y si hay dudas, lo responsable y lo que esperamos de nuestros gobernantes es esperar. Esperar antes de provocar despidos (los nuestros y los de los futuros interinos), indemnizaciones a la empresa concesionaria del servicio, gastos del proceso y úlceras gástricas a todo el mundo, amén de correr el riesgo de romper el flujo de ingresos al Ayuntamiento, que eso es lo más preocupante y de lo que nadie habla, por cierto.
