Hace unos días supimos que la hermana del Rey, la Infanta Cristina, quedaba absuelta de cometer delitos contra la Hacienda pública porque no sabía lo que hacía. Poco después, el tribunal que había condenado a su marido Iñaki Urdangarín a seis años de cárcel, decidió dejarlo en libertad y permitirle vivir fuera de España. No le retiró el pasaporte. No le impuso ninguna fianza, ni obligación de comparecencia ante un juzgado los días 1 y 15 de cada mes, u otra medida cautelar.
Esa misma justicia lleva años expulsando sin piedad a familias de sus casas, sin atender a razones de humanidad, sin dar una segunda oportunidad a nadie. Niños de pecho, personas a los que el banco, tras quitarles el piso, se queda también con la casa materna. Hace poco más de una semana, un juzgado decidió reabrir la causa contra 22 activistas que intentaron impedir un desahucio en Ciudad Naranco que afectaba a un bebé de seis meses. Se persigue a tuiteros por hacer chistes, se encarcela y condena a cantantes de rap y a sindicalistas como Andrés Bódalo.
Intente usted que Hacienda no le cobre porque en este momento no le viene bien. Deje de pagar Autónomos, o no ingrese la declaración del IVA, porque tiene otras prioridades, y tenga por seguro que se le aplicará la letra pequeña, la mediana y la grande, con todo rigor y sin atender a que su padre o su hermana puedan disgustarse y pasarlo mal. Hacienda somos todos, pero parece que unos más que otros.
Como abogada he pasado muchos días de mi vida en los Juzgados, intentando proteger los derechos de personas vulnerables. Por eso esta extrema desigualdad en la aplicación de la Justicia me avergüenza y me indigna. Siento vergüenza de un orden social que sitúa al poderoso por encima de las leyes, pero las deja caer con todo su peso sobre los más indefensos. Que perdona a la hermana del rey y mete en la cárcel al juglar y al titiritero.
Lo peor que le puede pasar a un país es la arbitrariedad en la aplicación de las reglas del juego. La ley debe ser igual para todos. Si hay una ley para una casta de privilegiados y otra para la gente común se rompe el pacto básico del Estado de Derecho.
El PP, el único partido que ha sido imputado como organización por presunta corrupción, ha decidido nombrar como fiscal Anticorrupción a un funcionario que tiene entre sus méritos, por ejemplo, haber amenazado con imputar a los periódicos que informaron del caso Blesa y las tarjetas black, cuyos responsables, a tenor de la petición de la fiscalía, es posible que tampoco ingresen en prisión.
"¿Hasta dónde van a llegar?". La pregunta ha rebotado por las redes sociales, por las charlas de cafetería. Y sólo tiene una respuesta: hasta donde les dejemos. Sólo las personas decentes puedenponer freno a esta deriva en la que los fiscales y los jueces honestos se ven perseguidos, en la que los funcionarios y las funcionarias que denuncian la corrupción acaban apartados. Ese es el cambio que ha empezado, en el que muchas y muchos estamos comprometidos. Un cambio por la decencia. Este país lo necesita, y se lo merece.
