A ver, documentación. Esto es lo que pide Agustín Iglesias Caunedo, que en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA exige la presencia de un forense para ver "quién, cuándo y para qué" consultó los datos de sus tarjetas de aparcamiento en los ordenadores de la Policía Local del cuartel del Rubín. El portavoz del PP sospecha que alguien del tripartito, con oscuros fines políticos, ha podido mirar esos expedientes, que forman parte, supone, de su intimidad. Viene a decir Caunedo: "¡Chicos, no sabéis con quién estáis tratando, se os va a caer el pelo".

Con sus declaraciones, Iglesias Caunedo demuestra que vive en una realidad paralela, en la que Ricardo Fernández no es concejal de Seguridad Ciudadana, y no tiene el mandato democrático de velar por el cumplimiento estricto de la legalidad en la concejalía que gestiona. Parece estar convencido de que está en un país en el que si tiene una tarjeta que le da privilegios frente al resto de los ciudadanos, y al margen de la ordenanza municipal, es cosa suya, y nada más que suya, y el que le critique, que se ande con ojo, que todavía contrata a un forense para que le ponga los puntos sobre las íes.

Pero Caunedo se equivoca. Está, aunque no se lo crea, en un Estado de Derecho. La información sobre las tarjetas "blue" que está saliendo en los medios de comunicación forma parte de un expediente municipal, abierto por decisión del concejal delegado del área, elegido democráticamente y con plenas competencias para ello. Nadie fue con nocturnidad y alevosía a escudriñar los ordenadores del Rubín, cubierto con un pasamontañas, lo que hace necesaria la urgente presencia de un forense que le ponga en su sitio. No, todo se ha hecho con luz y taquígrafos, ante una situación de desmadre en la aplicación de una ordenanza municipal. Si él no hubiera tenido esa tarjeta, y disfrutado de los privilegios que lleva aparejada, no estaría en este momento en el centro de la polémica política, del mismo modo que no estaría investigado en el 'caso Pokémon' si no se hubiera dedicado a hacer dudosos viajes en más que dudosa compañía, y con más que dudosos pagadores.

Una cosa es respetar la presunción de inocencia, y otra cerrar los ojos ante los indicios muy evidentes de que hubo una vez un "Oviedo Blue" en el que empresarios de la noche, alcaldes de barrio, contratistas municipales y algunas grandes empresas y fortunas recibían un trato Vip frente al resto de los mortales, que pagaban la zona azul y cumplían con sus obligaciones. Es un caso apestoso a cuyo fondo aún no se ha llegado, pero lo que sí queremos dejar claro es que nosotros también pedimos un forense: el que certifique que el "Oviedo Blue" ha muerto.