En una misma semana, archivos municipales y judiciales han sido noticia en Asturias, con casi idéntico enfoque: el Gobierno del Principado tiene una solución ante la grave situación en la que se encuentran. Sin embargo, una vez más, esta solución resulta ser apagar el fuego de un incendio intencionado. Se toman medidas desesperadas de último recurso, obviamente necesarias ante la manifiesta catástrofe, pero que son fruto de la propia inoperancia de quien ahora se postula como salvador. Primero te dejo morir y en tu última exhalación, te rescato; ahora me debes la vida. Eso no es mostrar preocupación por los archivos y los documentos públicos de los asturianos y menos aún, estar cumpliendo con las obligaciones legales asignadas. Siendo benévolos, eso es simplemente salvar los muebles.
Todos coincidimos en el diagnóstico: tenemos algunas situaciones críticas y las recientes exigencias de reforma de las administraciones públicas están sacando a la luz los problemas sobre los que venimos advirtiendo hace tiempo. Poner los documentos a resguardo, rescatarlos, no es suficiente si no atajamos de raíz lo que los lleva a ese punto límite, porque en poco tiempo se reproducirá el problema. Ahora dicen en papel, pero también en electrónico.
Desde la Asociación de Archiveros del Principado de Asturias (AAPA) seguiremos insistiendo, y así lo estamos exponiendo ante diversas entidades de la región: Asturias necesita una política de gestión de documentos a nivel regional que coordine y dicte directrices de actuación que garanticen que los documentos de ayuntamientos, juzgados y cualquier otra entidad pública responda a los intereses por los que son producidos, como apoyo imprescindible para su trabajo diario y en la defensa de sus intereses, pero también como garantía de transparencia, para que los ciudadanos puedan hacer uso de ellos en el ejercicio de sus derechos.
Existen auténticos referentes de conocimiento y buen hacer en la región. Simplemente se precisa voluntad política para liderar y afrontar el diseño de una estrategia coordinada y compartida que favorezca la construcción de un modelo de gestión de documentos que reduzca la brecha territorial, material y de experiencia, sin perder nunca la verdadera vocación de servicio de la ciudadanía.
