La ovetense Rosana Morán Martínez es los ojos de la Fiscalía a nivel internacional. Fiscal de Sala de Cooperación Penal Internacional de la Fiscalía General del Estado, por sus manos y las de sus sesenta fiscales especializados pasan las peticiones de extradición, las ordenes europeas de detención (euroórdenes) y cada vez más comisiones rogatorias. La fiscal reconoce que "las fronteras son todavía más porosas para los delincuentes que para los órganos judiciales", y que los estados y organizaciones internacionales deben presionar más a los paraísos fiscales para que cambien su legislación y levanten el secreto bancario. Esta mujer, que ha estado estos días en Gijón, reconoce algunas fallas del sistema jurídico español, como la anomalía de que aún instruya el juez y no el ministerio público, "una curiosidad" en la mayor parte del mundo, y la necesidad de establecer otra forma de elección del fiscal general que elimine suspicacias.
-Llama la atención que se esté tardando tanto en extraditar a Sergio Morate.
-No hablaría de extradición. Rumanía es parte de la Unión Europea, y hay otro tipo de instrumentos. Lo que se está aplicando es una euroorden. Los motivos de denegación son mucho más limitados, no se entra a valorar los hechos, ni se van a examinar pruebas. Es una cuestión puramente judicial, no administrativa. Sólo intervienen la Fiscalía y los jueces. Normalmente, con la euroorden, se entrega a los sospechosos en unos dos meses. Ahora, Morate tiene derecho a una apelación, pero no creo que se alargue más de ese plazo. Una extradición tarda mucho más tiempo. Nuestros fiscales ayudaron a los jueces a redactar la orden europea de detención y están en contacto con los fiscales rumanos.
-¿Cómo es la colaboración judicial con los países europeos?
-Con Europa es mucho más fácil. La colaboración judicial con los países de la Unión ya se rige por un principio que es el de reconocimiento mutuo. Justo acabamos de estrenar una ley que recoge toda esa cuestión. Somos el primer país que tiene una norma única de reconocimiento mutuo. Creo que ha favorecido mucho la cooperación y la lucha contra la delincuencia. Estamos en un espacio donde, en principio, todos tenemos un sistema único de derechos y principios fundamentales. Por eso se funciona de una forma ágil, y especialmente con Rumanía, debido a que hay una población importante de ese país en España. Normalmente hay más demanda de Rumanía a España, pero está funcionando bien.
-¿Están lo suficientemente homogeneizados los aparatos legales a nivel europeo?
-No están homogeneizados, ni Europa se ha parado a homogeneizar estructuras. Sí trata de homogeneizar en lo tocante a derechos fundamentales. Pero no entra en otras cuestiones. Por ejemplo, que instruya el juez y no el ministerio público, como ocurre en España, es ya una curiosidad en Europa y en buena parte del mundo. No digamos en Hispanoamérica. Sólo quedaban Argentina, que ya ha cambiado recientemente su sistema federal, y Uruguay, que tiene en marcha un proyecto de ley que dentro de poco entrará en vigor para que instruya el fiscal. En Europa, países donde instruya el juez, como en España, sólo quedan Bélgica, Eslovenia y Francia, aunque incluso en esta última el fiscal tiene más competencias que el español. Somos una curiosidad. Ha habido varios proyectos para cambiar esa situación, creo que vamos por el cuarto, pero todos terminan en un cajón.
-Quizá porque se duda de que el ministerio público sea completamente independiente, teniendo en cuenta que al fiscal general del Estado lo elige el Gobierno.
-El fiscal general del Estado no depende del Gobierno, ni puede recibir instrucciones de él. El Gobierno puede "interesar" (ésa es la palabra que utiliza el texto legal) al fiscal general determinadas cuestiones, y éste, oída la Junta de Fiscales de Sala, responde al Gobierno si se puede o no. Ésa es la única relación. Es verdad que el nombramiento lo hace el Gobierno, pero una vez en el cargo, el fiscal general es independiente. La vinculación o no que pueda haber depende de la responsabilidad y la ética de la persona nombrada. Yo pienso que si se modificara en algún momento la Constitución no estaría mal pensar en alguna otra forma de nombramiento. Fundamentalmente para evitar estas sospechas, y porque además así nos lo ha indicado el Consejo de Europa en un informe sobre la prevención de la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales. Es verdad que el Consejo ha hecho una muy buena valoración de los fiscales, que están muy bien formados y actúan sin ninguna sospecha de corrupción, pero para mejorar algunas cuestiones, propone la reforma de la elección del fiscal general. El problema es que está en la Constitución.
-¿Cómo sería ese nombramiento?
-Lo más razonable es que fuese parlamentario. Tiene que tener una legitimación democrática, porque los fiscales somos funcionarios que trabajamos para la sociedad. Los nombramientos corporativos no me parecen la mejor solución. Aunque también es verdad que, en otros países de tradición democrática, el fiscal general lo nombra el Gobierno y no hay tanta crítica.
-Estamos en un momento con muchos retos a nivel global, uno de ellos la inmigración masiva procedente de Siria y otros países musulmanes. ¿Qué se puede hacer?
-Desde luego es un problema social, aunque toda esta gente genera más trabajo en el ámbito de la cooperación internacional, y no me refiero únicamente a la vertiente penal, sino también a la civil, porque genera muchos matrimonios mixtos. Tenemos una ley de cooperación civil que es muy favorable a los derechos de las personas inmigrantes que quieren algún reconocimiento de sus derechos en los tribunales españoles. Efectivamente es un problema. Vivimos en Europa, la zona más cómoda, con más derechos, y aunque hay también problemas, eso genera un "efecto llamada". Da mucha pena. Habrá que buscar una solución, pero supongo que pasa por mejorar la situación de los países de origen para que puedan vivir con todas las condiciones. Pero claro, Siria es un país en guerra, con toda las consecuencias que ello conlleva. Yo visité Siria en 2001, y puedo decir que Palmira es una de las cosas más bonitas que he visto, y ahora, con su destrucción, da ganas de llorar.
-Un movimiento de nueva iconoclasia, como en la Edad Media.
-Es la historia de la humanidad.
-Otro reto es la delincuencia internacional. No sé si tenemos instrumentos suficientes para encarar este problema.
-Para como ellos crecen, nunca son suficientes los medios. Las organizaciones internacionales hacen un gran trabajo para construir nuevos instrumentos y confianza mutua entre los países, pero evidentemente las fronteras son más permeables y porosas aún para los delincuentes que para los órganos judiciales. En los últimos cincuenta años ha mejorado mucho la cosa, y las normas de reconocimiento mutuo, en la Unión Europea, nos han facilitado mucho el trabajo. Hay que reconocer que la confianza mutua se refuerza con los contactos personales, y cada vez hay más foros internacionales de jueces y fiscales. Las informaciones en muchos casos se pasan por Whatsapp o por teléfono, pero luego hay que formalizar y no tenemos facilidades. Yo creo que debería haber una mejor comunicación judicial con Iberoamérica, en el mismo sentido que existe en Europa, pero todavía dependemos de las autoridades centrales (léase los ministerios de Asuntos Exteriores o de Justicia), con mucho tiempo de espera y mucha burocracia. Eso es absurdo.
-¿Tiene España tratado de extradición con todos los países hispanoamericanos?
-Con casi todos, hay muy pocos con los que no haya. Pero hay una intervención política de los estados que deciden finalmente sobre esas repatriaciones, lo que ralentiza el proceso.
-Imagino que con países como Venezuela la relación es difícil.
-Políticamente puede ser más difícil, pero hay tratado de extradición, y yo tengo comunicación normal con la Fiscalía de Venezuela.
-¿Se ha parado la Justicia universal?
-Hay unas normas que limitan la competencia. El tema de los límites de la jurisdicción está siempre en discusión. Es un poco absurdo que tengamos la jurisdicción dividida por territorios, porque la delincuencia internacional no tiene fronteras, pero de alguna forma hay que organizarse. Y la Justicia universal tiene que tener también unas normas, para saber a quién corresponde enjuiciar. Lo más eficaz es que el enjuiciamiento y la investigación se hagan en aquellos países donde hayan ocurrido los hechos o donde estén las víctimas. Cuando no, para eso están los tribunales internacionales, la Corte Penal Internacional y los tribunales especiales de La Haya. Con los escasos medios con que contamos, tendremos que actuar cuando podamos enjuiciar. Desde un punto de vista práctico, pensar en abrir un juicio sin tener aquí al detenido no tiene mucho futuro. La eficacia que pueda tener ese enjuiciamiento es muy limitada.
-Ahora que hay un impulso de las investigaciones sobre corrupción, ¿cómo se pueden mejorar las pesquisas en los paraísos fiscales?
-Corresponde a las organizaciones internacionales y a los estados hacer una presión importante para que las investigaciones sean transparentes y no haya secreto bancario. Suiza, por ejemplo, ha avanzado muchísimo, y ahora da toda la información, siempre y cuando no se trate únicamente de evasión fiscal. Cuando se produce otro hecho, como una falsificación documental, etcétera, ya prestan toda la colaboración. Habría que conseguir que el resto de los paraísos fiscales se sintiesen presionados por la comunidad internacional para que modifiquen su regulación interna y deje de haber estas dificultades para la investigación bancaria.
-¿Qué retos tienen ustedes los fiscales a nivel de cooperación internacional?
-Yo tengo varios. Hay que poner en marcha la ley de reconocimiento mutuo, el fiscal tiene que tener un papel cada vez más importante en la cooperación internacional para que pueda relacionarse con sus homólogos. Nosotros somos autoridad judicial a los efectos de cooperación internacional. Cada vez ejecutamos más comisiones rogatorias, podemos hacer todo tipo de diligencias salvo aquellas que afectan a los derechos fundamentales. Ahora, antes de 2017, debemos tener en marcha en España la orden europea de investigación, y yo espero que el fiscal tenga ahí mayor legitimación para la intervención y poder realizar la mayoría de las diligencias, de forma que podamos responder de forma más rápida y eficaz. En Iberoamérica hay que poner en marcha un sistema de comunicaciones más ágiles. Hay ya un sistema en funcionamiento que es IberRed, la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, y las comisiones rogatorias deberían realizarse a través de ella, sin necesidad de tener que andar mandándonos cartas a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. También hay una idea de crear una Red de Fiscales del Mediterráneo, con mucho países árabes incluidos.
