¿Se indigna usted con los casos de corrupción en España? Pues ahora imagine que mañana, lunes, recibe en su domicilio una carta, pongamos de Hacienda, en la que se le informa de que usted y todos y cada uno de los miembros de su familia tienen que abonar un total de 103,47 euros por cabeza. La factura, añade la carta con ese escalofriante estilo de la Agencia Tributaria, es para resarcir al Estado por todo el dinero defraudado por diversos dirigentes públicos que ha ido a parar a cuentas en el extranjero y también por todos los fondos públicos que acabaron en manos privadas o convertidos en regalos de lujo, viajes a resorts caribeños, etcétera. 103,47 euros por cada español.
Ése es el importe de la factura de la corrupción en España, pero, ojo, esta cuantía tan sólo corresponde a los escándalos que están en estos momentos investigándose, juzgándose o en trance de apertura de vista oral. Repasen la factura -en la imagen que ilustra este reportaje-, pero tengan en cuenta que está hecha un poco con la cuenta de la vieja y sólo puede tomarse a título orientativo (para orientar el cabreo).
La factura tiene dos lagunas principales. Primera: no todos los escándalos de actualidad cuentan aún con una cuantificación económica, como es el caso de la "operación Pokémom", que afecta a Galicia y Asturias, o la "operación Taula", que ha implicado a todo el entorno de la exalcaldesa valenciana Rita Barberá (PP) pero, milagrosamente, no a ella. Segunda: en la cuenta que aparece en esta página no están todos los escándalos descubiertos a lo largo de la democracia española -dejemos para otro día la corrupción con Franco-. Por ejemplo, no se ha incluido el "caso Malaya", con epicentro en Marbella, hasta el momento récord de España de saqueo: 2.400 millones de euros blanqueados. El robo fue tan monumental que sólo la sentencia judicial (dictada en 2013 por el Tribunal de Málaga y ratificada en 2015 por el Supremo) pesaba entre 15 y 20 kilos. Para depurar toda esa red de corrupción, la Administración tuvo que gastarse 621.000 euros.
"Malaya" es el "top" del choriceo hispano. Pero habrá que ver cómo se desarrollan otros escándalos, como el caso de la familia Pujol, cuya fortuna oculta en el extranjero oscila entre 900 y 1.800 millones de euros, según distintas valoraciones. O el caso de los fondos de formación de la Junta de Andalucía (el "caso Edu"), donde algunos medios equiparan el fraude con la partida disponible para cursos: 2.000 millones. Las cuentas se rehacen cada día y también dependen de cómo se hagan. Un ejemplo es el caso de los ERE de Andalucía. La investigación cifró en 136 millones los fondos defraudados, pero el programa total de ayudas a las empresas para los expedientes de regulación de empleo llega a 1.217 millones.
Un tercer apunte a la hora de hacer balance de lo que nos ha costado la mano larga de algunos de nuestros dirigentes: ¿se puede incluir también en la factura el dinero público inyectado en el sistema financiero, a cargo de contribuyentes, accionistas o preferentistas? Si les apetece engordar la suma (y aumentar el enfado), éstos son los datos. Fueron 94.157 millones según el Banco de España, o 107.913 millones según el Tribunal de Cuentas. Agujero bancario aparte, la corrupción política en España podría haber generado un desfalco de 7.500 millones de euros con los 178 casos de corrupción registrados en todos los niveles de la Administración desde 1978. En total, ha habido 1.900 políticos imputado y 200 condenados. Ése es el resumen que hacen los periodistas Eva Díaz, Joaquín Vidal y Francisco J. Castañón en su libro "Diccionario de la corrupción", recientemente publicado, donde detallan las tramas y se aprecia un ranking de comunidades más propicias al chanchullo. Andalucía a la cabeza (38 casos), seguida de las Baleares de Jaume Matas (24 operaciones anticorrupción) y Madrid (22 casos). En ese libro se indica que del total de 178 casos investigados se cerraron 90 y el resto siguen abiertos.
Pero hay otra forma de hacer la cuenta. Un punto de vista más global, riguroso y muy interesante. Es el que adoptan los economistas Enrique Moral Benito, Manuel García-Santana y Josep Pijoan-Mas, vinculados a un centro de estudios del Banco de España y a la Universidad Pompeu Fabra. Este equipo analizó el crecimiento económico de España entre 1995 y 2007. El llamado "milagro económico español" tenía pies de barro: la economía crecía, pero la productividad bajaba. Es decir, en 2007 cada trabajador y cada máquina producían menos que en 1995. El dogma dice que la culpa fue de la construcción. Pero estos economistas demostraron que la productividad no creció porque, en cada sector, los recursos no se asignaron a las empresas más productivas o, dicho de otra manera, se asignaron muchos recursos a empresas poco productivas. Y estas empresas estaban en ámbitos de actividad donde la influencia del sector público era mucho mayor y, además, eran las más propensas a verse afectadas por el llamado "capitalismo clientelar". O también "capitalismo de amiguetes". Es decir, quien se lleva el contrato no es la empresa mejor y más competitiva. Es la que "mejores relaciones ha tejido con las personas que deciden quién gana el concurso", o la empresa que tiene una regulación favorable a sus intereses. El amiguismo, la corrupción, el clientelismo nos lastró. ¿Pero cuánto? La investigación sentencia que si no hubiéramos tenido esos condicionantes, si la corrupción y el amiguismo no hubieran sido tan decisivos, habríamos aprovechado el "boom" para lograr la convergencia con Europa y el crecimiento de nuestro PIB habría sido un 20 % mayor. Es decir, 20.000 millones de riqueza añadida. Es decir, 5.000 euros por español. Eso fue lo que nos quitaron. ¿A que duele, eh?
