En 1976, hace 40 años, Asturias era una provincia industrial en declive cuya renta per cápita había caído por debajo de la media del país y donde las mujeres ocupaban algo menos de un tercio de los empleos, confinadas a actividades con bajos ingresos y con frecuencia del ámbito de la economía informal, sin cotización a la Seguridad Social. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en aquel año de la naciente democracia española había unas 130.000 asturianas con trabajo fuera del hogar y prácticamente la mitad de ellas lo tenía en el campo. No cuesta mucho imaginar lo duro que fue para aquellas generaciones de mujeres, legalmente sometidas a los varones por el ordenamiento jurídico franquista en las décadas precedentes, llevar la carga de la casa y cuidar las vacas, trabajar en una planta conservera o atender como autónoma una peluquería al menos seis días a la semana.
Las asturianas de esta década del siglo XXI tienen otro protagonismo en la actividad económica y en el empleo. Son 183.000 las que trabajan por cuenta ajena o propia y constituyen prácticamente la mitad de la fuerza laboral de la región. Los avances sociales y en particular la formación han permitido que las mujeres hayan ganado peso en muchos ámbitos profesionales y alcanzado posiciones de liderazgo en algunos de ellos. Pero los datos siguen retratando que existe una brecha de género en el mundo del trabajo y una de sus manifestaciones más claras es que la precariedad de las condiciones laborales (salarios bajos, inseguridad, subempleo...) afecta más a las mujeres que a los varones. Ocurre en Asturias y en España, y es también una tendencia mundial: el precariado, esa nueva clase formada por los desempleados y los trabajadores que se mueven en los umbrales de la pobreza, es sobre todo del sexo femenino.
La Encuesta de Población Activa permite poner números al precariado asturiano. Siguiendo un método utilizado por el economista asturiano Florentino Felgueroso, una aproximación al tamaño de ese grupo resulta de sumar el número de parados, el de asalariados con empleos temporales y el de quienes tienen un trabajo de jornada reducida (tiempo parcial) no por su voluntad, sino porque no consiguen otro mejor. De acuerdo con los datos de 2015, hay algo más de 106.000 asturianas en esas situaciones, el 47,3% de todas las que tienen trabajo o lo buscan (población activa). Conforme a la misma fórmula, los varones del precariado son 92.500, el 38,4% de los considerados activos.
Esa posición de las mujeres explica en una parte la brecha salarial de género, un rasgo universal que en Asturias tiene los siguientes números: como promedio, el salario por hora trabajada de las mujeres es un 28% inferior al de los hombres (24% en España). Los informes que sobre este asunto han difundido los sindicatos UGT y CC OO echan la siguiente cuenta para hacer más visible el problema de la diferencia de remuneración: una asturiana tendría que trabajar cien días más que un varón para ganar el mismo sueldo.
Ahora bien, la brecha salarial así descrita no significa que existan esas diferencias de retribución entre el varón y la mujer que realizan el mismo trabajo. Aunque existen casos de ese tipo de discriminación laboral, perseguida por la ley, la brecha de los salarios es un concepto distinto y que obedece a la posición que la mujer tiene en el mercado de trabajo, a menudo condicionada por el rol social y familiar que sigue teniendo y por las dificultades para superar las fronteras que aún limitan su acceso a buena parte de los sectores mejor retribuidos y a los puestos de responsabilidad.
Que la mitad de las trabajadoras asturianas ganen menos de mil euros al mes (frente al 34% de los varones) se explica sobre todo porque una gran mayoría de ellas (91,4%) trabaja en el sector servicios, donde los salarios medios son más bajos. La proporción de mujeres ocupadas en la industria supone menos del 5%, y es allí donde, también por término medio, están los sueldos más elevados. Salvo precisamente donde, como en las fábricas textiles o en algunas agroalimentarias, la presencia de mujeres es notable.
Ellas son también las que con más frecuencia tienen contratos a tiempo parcial, una modalidad muy extendida en países centroeuropeos donde el trabajo por horas favoreció la incorporación femenina al mercado laboral y la mejora de la renta. Holanda es el paradigma: allí el 39% de los empleos son de jornada reducida y siete de cada diez están ocupados por mujeres. En Asturias, hay muchos menos trabajos a tiempo parcial (en torno al 13% del total), pero se reproduce la distribución holandesa por género: las asturianas ocupan el 78% de esos puestos. La mayor diferencia con los Países Bajos está en la motivación: allí, nueve de cada diez de esas trabajadoras tienen jornada reducida, y por menos sueldo, por su elección, voluntariamente. Entre las asturianas, seis de cada diez aceptan contratos a tiempo parcial porque no tienen alternativa. Forman parte, junto a muchas otras, de una legión de asturianas y de españolas que, por sus bajos salarios de ahora, corren además el riesgo de convertirse en jubiladas precarias en el futuro.
